La carta social obliga a España a modificar la cobertura a parados y la normativa de salud laboral

, La carta comunitaria de derechos sociales va a centrar los debates del Consejo de Ministros de Trabajo de la CE que se reúne hoy en Luxemburgo. Esa carta social obliga a retocar aspectos de la legislación española, sobre todo en materia de seguridad, higiene y salud laboral, protección social a los parados que han agotado los subsidios, arbitraje y conciliación de conflictos. Aunque el Reino Unido puede presentar de nuevo dificultades, el objetivo de los responsables comunitarios de Trabajo es obtener hoy el máximo consenso posible y presentar el resultado del debate a la cumbre de Madrid.

El Gobierno de Felipe González se conforma con alcanzar "una declaración solemne", que tiene un carácter vinculante para los Estados miembros, y es el paso previo para que la Comisión desarrolle esa norma en una serie de directivas.Esa declaración solemne les parece insuficiente a los sindicatos, como tampoco aprueban que no se les haya llamado a consulta. El presidente del Gobierno tiene previsto, no obstante, entrevistarse con las confederaciones europeas de sindicatos y empresarios, CES y UNICE, en los días anteriores a la cumbre de Madrid. Fuentes del Ejecutivo español han mostrado su satisfacción por el impulso de última hora dado a la carta social, aunque admiten que el desarrollo de los aspectos económicos del mercado único va a velocidad de crucero, mientras que la construcción del espacio social marcha lenta.

Legislación obsoleta

La carta comunitaria, en su redacción actual, obliga a España a modificar toda la normativa de seguridad e higiene. El Gobierno tiene pendiente una ley de salud laboral, anunciada hace dos años, para sustituir a una legislación prácticamente obsoleta.

También hay discordancias en relación a la cobertura a los parados que han agotado los subsidios. En el anteproyecto del texto comunitario se respetan las modalidades de cada país en materia de protección social, pero se dice expresamente que "los trabajadores que queden excluidos del mercado de trabajo, sin poder continuar beneficiándose de las prestaciones de desempleo, así como aquellos que no tengan medios de subsistencia suficientes, deben poder beneficiarse de unos ingresos mínimos y de una asistencia social apropiada".

También determina que deben garantizarse unos ingresos mínimos para los jubilados sin derecho a pensión, sí previstos por el Gobierno español en otra ley anunciada hace tiempo de pensiones no contributivas, cuyo anteproyecto parece que por fin será aprobado por el Consejo de Ministros este mes de junio.

La carta social igualmente aconseja que "conviene favorecer el establecimiento y la utilización de procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje para la resolución de los conflictos laborales", una normativa que en España está pendiente de desarrollo.

El anteproyecto incluye elderecho de huelga, así como el de rentinciar a su ejercicio, y el Gobierno español reconoce que la formulación de ese derecho coincide con la normativa actual, el decreto de 1977, aunque entiende que no es suficiente y que hace falta una ley de huelga.

La oposición del Gobierno británico, que preside Margaret Thatcher, a que se apruebe una carta social se debe a cuestiones de principio y filosoria. Asimismo se resiste al reconocimiento del derecho a la negociación colectiva a nivel europeo y a la participación y consulta a los trabajadores.

Si los ministros de Trabajo de la Comunidad Europea no modifican el texto, el derecho a la negociación colectiva quedará complementado con la posibilidad de que se establezcan a nivel europeo relaciones convencionales entre las partes sociales si éstas lo estiman conveniente.

Los convenios así celebrados pueden tratar de las condiciones de empleo y de trabajo y de garantías sociales para los trabajadores. El diálogo entre los interlocutores sociales a escala europea debe desarrollarse a nivel interprofesional y sectorial.

Otro aspecto que no agrada al Ejecutivo británico es la información, consulta y participación de los trabajadores, que deben ser incrementadas especialmente en aquellas empresas o grupos empresariales que tengan centros en varios Estados miembros y sobre todo cuando se produzcan cambios tecnológicos, reestructuraciones o fusiones que afecten notoriamente al empleo.

La directiva marco de seguridad e higiene se quiere aprobar también en la reunión de hoy, y fuentes del Gobierno español han asegurado que es lo más importante que se ha hecho en la CE para la armonización laboral.

El texto insiste en la necesidad de la información, consulta y participación de los trabajadores en materias de salud laboral, aplicable a "todos los sectores y actividades" productivas. Establece asimismo el imperativo de planificar la prevención, y obliga a las empresas a que evalúen los riesgos en la elección de los equipos de trabajo, las sustancias o preparados químicos y en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

La carta dice que el empresario designará para ocuparse de actividades de protección y prevención de riesgos a uno o dos trabajadores, que deben disponer de un tiempo apropiado sin pérdida de salario, y obliga a "adaptar el trabajo a la persona" y a "sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro".