El juez que no se disfrazó

Sánchez Álvarez atribuye la sanción anulada por el Supremo a la iniciativa de sectores canarios corruptos y al afán de control del Poder Judicial

El juez Manuel Sánchez Álvarez no tiene dudas sobre el origen de la sanción que se le impuso por la supuesta celebración de un juicio disfrazado de mosquetero. Tras la anulación de la sanción por el Tribunal Supremo, Sánchez Alvarez acusa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de "querer compensar su mala conciencia por la falta de política judicial con la explotación de casos escandalosos para controlar a los jueces" y le reprocha su atención "a una denuncia anónima favorable a sectores económicos canarios corruptos".

Para Sánchez Álvarez, de 33 años, hijo de juez y juez él de Puerto del Rosario (Fuerteventura), "lo más grave de este asunto fue la forma totalmente inquisitorial de instruir el expediente". Sólo mediante una instrucción "que dio por buena una denuncia anónima atribuida a algunos policías y que no permitió el careo de testigos ni el conocimiento del expediente por el expedientado" concibe Manuel Álvarez que la inverosímil historia concluyera con una sanción de 25.000 pesetas, ahora anulada por el Supremo, con todos los pronunciamientos favorables para el juez.Frente a la sanción por la supuesta celebración el 17 de marzo de 1987 de un juicio "vistiendo capa roja, calzón corto, medias blancas y sombrero con una pluma", el juez sancionado ofrece su versión, que ha prosperado ante el Supremo. Sánchez Álvarez explica que aquel martes de carnaval en el que en Puerto del Rosario era fiesta, se abrió el juzgado para celebrar un juicio, al que asistió vestido normalmente. "Igualmente fuí a hacer el reconocimiento de un solar y la confesión judicial de un señor mayor que se encontraba en el hospital, sin que tras el largo recorrido por medio pueblo, se encontrara un solo testigo que me hubiera visto disfrazado".

En cambio, terminada la jornada de trabajo, Sánchez Álvarez, cuyo domicilio se encuentra en el mismo edificio del juzgado, se cambió y se incorporó a la jornada festiva con otros amigos y compañeros. Sin embargo, un informe anónimo dirigido al delegado del gobierno en la isla, Manuel Hierro, y de éste al delegado del gobierno en Canarias, Eligio Hernández, desencadenó la actividad sancionadora. El informe, "en el que se hacía un relato detallado de mi actividad durante los carnavales y como colofón se inventaba lo del juicio con disfraz de mosquetero", explica Manuel Sánchez, "se remitió a la Audiencia Territorial de Canarias y de allí al CGPJ".

"Tierra de aventureros"

Sánchez Álvarez relata que la isla de Fuerteventura, con 1.700 kilómetros cuadrados, habitada por sólo 30.000 habitantes y con todas sus playas aptas para el turismo, "es una tierra de aventureros, en el peor sentido del término". Recuerda que una de sus primeras decisiones fue la prisión preventiva con una fianza alta contra un empresario de la construcción que provocó una gran alarma social al edificar viviendas oficiales, cuyos propietarios, después de haber pagado. observaron que los bancos les requerían las hipotecas por no haber recibido sus pagos. A éste y otros acuerdos contra la corrupción económica atribuye la oposición a su persona desde algunos sectores de la Isla.En cuanto a la actitud del CGPJ, Sánchez Alvarez estima que, tras la declaración programática de marzo de 1986, "de la que el Consejo se ha olvidado, pretende compensar su política errática", dice, "ganando puntos ante la opinión pública con casos escandalosos, olvidando otras funciones como la del perfleccionamiento de los jueces". Para este juez, "la actividad disciplinaria ha sido la principal o la única del Consejo, y la ha utilizado para controlar actividades jurisdiccionales". Sánchez Álvarez destaca la ayuda de Jueces para la Democracia, asociación a la que pertenece, para superar "la falta de garantías y el procedimiento inquisitorial", dice, "en la tramitación de mi expediente".

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 01 de junio de 1989.

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