Un recurso obligado
EL ESPECTÁCULO de los condenados de la colza -a excepción de dos- enfilando el camino de sus domicilios, en vez del de la cárcel, ante los ojos de sus propias víctimas es mucho más elocuente que las palabras sobre la naturaleza y el alcance reales del veredicto pronunciado por la justicia. Para que el cuadro sea todavía más desolador, el Gobierno sigue resistiéndose a que el Estado cumpla cuanto antes con su deber solidario de indemnizar a quienes han sido víctimas -afectados y familiares de los fallecidosde aquel tráfico homicida. Por eso, la decisión de la Fiscalía General del Estado de recurrir la sentencia de la colza es técnicamente acertada y políticamente no puede ser más oportuna.Ni la legalidad ni el interés social, a cuya defensa constitucionalmente se debe el ministerio fiscal, han encontrado suficiente amparo en la resolución del tribunal al que ha tocado la grave responsabilidad de impartir justicia en el caso más dificil y complejo al que jamás tuvo que hacer frente el aparato judicial español. La desproporción entre la levedad de las penas impuestas a los culpables y la naturaleza y consecuencias de su acción criminal es de tal calibre que despoja a la justicia de su halo ejemplarizante y reparador y deja inerme a la sociedad ante el riesgo de ataques como el perpetrado en este trágico caso.
La debida proporcionalidad entre la pena y el delito es una de las características esenciales de la justicia, hasta el punto de que si falla, por exceso de rigor o de benignidad, la decisión judicial puede parecer un acto de venganza o ser una invitación a la impunidad. Y si había un asunto merecedor del máximo acierto en la medida de la pena, éste es el de la colza. El veredicto de la justicia era fundamental para que los españoles volvieran a albergar la esperanza de que ya nunca verían expuestas su salud y sus vidas a la voluntad de logreros sin conciencia. Pero, tras la sentencia de la colza, los ciudadanos tienen un motivo más para seguir desconfiando, y quienes sientan la tentación de enriquecerse, incluso con el recurso a prácticas criminales, considerarán que el escaso riesgo compensa la rentabilidad de la aventura.
Si la ostensible desproporción entre la pena y el hecho criminal declarado probado en la sentencia fuera un problema de deficiencia de la ley, los gobernantes y legisladores deberían reformarla cuanto antes para que tragedias así, aunque excepcionales, no queden de hecho impunes. Si fuera una cuestión de interpretación de la ley, como parece más probable, los tribunales de justicia tienen todavía la posibilidad de rectificar. No se comprende bien que, una vez probada judicialmente la relación de causalidad entre el aceite de colza y el envenenamiento masivo, el tribunal pene tan levemente la conducta de quienes lo desviaron al consumo humano. Porque, aunque no tuvieran intención de provocar directamente los trágicos efectos que se siguieron, no desconocían que podrían producirse ésos u otros parecidos. No obstante lo cual, se arriesgaron a comerciar- fraudulenta y lucrativamente con tan peligroso producto.
Esta tarea debería centrar de inmediato la atención de los jueces, a fin de no alargar más todavía un proceso que ya dura ocho años y en el que se han cometido errores que, a la postre, han redundado en perjuicio de las víctimas. Algunos de ellos -como la negligente pasividad ante las maquinaciones de los culpables para aparecer como insolventes y la incomprensible disociación de este proceso de la posible responsabilidad penal de cargos administrativos en el comercio del aceite envenenado- han hecho muy problemática la percepción por los afectados de las indemnizaciones que en justicia les corresponden. Por razones de urgencia y-de decencia política, el Estado no debería aguardar -pese a que alguien intente aprovecharse ¡legítimamente- a una hipotética obligación de carácter penal para, mediante la correspondiente fórmula legislativa, asumir sin cicatería este elemental compromiso de solidaridad.
