El MOPU reducirá a 25 años el período de explotación de minicentrales eléctricas

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) prepara una reducción de 75 a 25 años en el período de concesión de aprovechamiento de las nuevas centrales minieléctricas, lo que ha provocado la protesta de la Asociación de Pequeños Productores y Autogeneradores Hidroeléctricos (APPA), por considerarse discriminados con esta decisión frente a las grandes empresas del sector.

Se está últimando en estos momentos la aprobación de 13 saltos en Asturias que deberán revertir al Estado dentro de 25 años, y, si esta política se generaliza, se produciría según la APPA, una clara discriminación a favor de las grandes eléctricas, ya que éstas acaban este año su plan de adecuación de minicentrales, mientras que las pequeñas compañías ni siquiera han conseguido el 10% de las más de 500 solicitudes que se han efectuado desde 1985.Por su parte, en la Dirección General de Obras Hidráulicas justifican esta reducción a la tercera parte del período concesional con la próxima entrada en vigor de los planes hidrológicos de cada una de las cuencas, que todavía están sin redactar y que podrían traer consigo cambio del uso del agua, lo que llevaría la Administración a tener que pagar las correspondientes indemnizaciones.

Frente a este argumento, en las conversaciones mantenida entre el organismo responsabilidad del MOPU y la APPA, esta última ha propuesto que se mantenga el plazo de 75 años en las con cesiones, pero añadiendo un cláusula de salvaguardia en la que se establezca la expropiación a los 25 años y el reconocimiento del derecho del concesionario de ser indemnizado solamente en aquella parte de la inversión que esté pendiente de amortización. "Si, como ha manifestado el MOPU, cinco lustros es tiempo suficiente para recuperar la inversión, la aceptación de la propuesta de APPA equivaldría a eventuales expropiaciones sin coste alguno para la Administración", han manifestado fuentes de la asociación.

Entre los argumentos que destacan los representantes de esta organización, aspirantes a la explotación de saltos hidroeléctricos con una potencia inferior a los 5.000 kilowatios, "la mayoría de las sociedades constituidas a efecto por empresarios desvinculados del sector eléctrico, en otros casos ayuntamientos, comunidades de regantes o cooperativas", para oponerse a la reducción del período concesional figura la obstaculización que esto supone en la búsqueda de financiación, ya que tanto los créditos hipotecarios como los que se respaldan con garantías del propio proyecto "requieren inexorablemente que el plazo de funcionamiento sea muy largo y que exista certeza en la percepción de ingresos a largo plazo".

Lentitud administrativa

En la APPA critican también la lentitud del MOPU en aplicar la ley de Conservación de la Energía, de 1980, que fomenta la producción independiente de este tipo de explotaciones (entre otras formas, obligando a los grandes productores a adquirir energía de las minicentrales) y que "contrasta con la atención dispensada a las grandes empresas de UNESA, como el plan firmado en 1981 para un período de nueve años entre esta patronal y los ministerios de Industria y Obras Públicas, denominado Desarrollo de Minicentrales de UNESA, por el que, mediante una inversión global de 13.140 millones de pesetas, se ha incrementado la producción anual en un 50%". Así, en 1987, según datos de la APPA, las eléctricas mantenían en servicio 435 aprovechamientos, con una potencia de 425 megawatios y una producción de 1.362 millones de kilowatios al año, lo que supone el 5% de su producción hidroeléctrica total.