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El Congreso aprueba la ley de la función militar con votos del PSOE y del PP

Carlos Yárnoz

La ley de la función militar, denominada ya ley reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, fue aprobada ayer por el Congreso de los Diputados. La norma fue votada título a título, y en algunos casos, por artículos separados. Los votos afirmativos socialistas se sumaron en muchos casos a los del Grupo Popular -que se abstuvo en los artículos sobre los que mantiene 63 enmiendas-, mientras los diputados del CDS se abstuvieron a lo largo de toda la votación y los de Izquierda Unida votaron en contra de casi todo el articulado.

El texto de la ley ha sido consensuado, en términos generales, durante su tramitación en la Comisión de Defensa. Una de las modificaciones más importantes, efectuada a petición del Grupo Popular, se refirió al propio cambio del título de la ley, denominada en un principio Ley de la Función Militar. Para el ministro de Defensa, Narcís Serra, ése ha sido el cambio "más espectacular", aunque no afecta al contenido de la norma.Según el ministro, en la tramitación de la ley no ha habido "concesiones", sino "mejoras". Agregó que los militares han mantenido durante el debate de la ley "una actitud de lealtad y acatamiento". Ya en los pasillos, precisó que están disipando las "inquietudes" existentes entre los militares con respecto a la nueva ley.

Durante el debate de ayer en el Pleno del Congreso, Gerardo Iglesias, de Izquierda Unida, anunció que a su grupo le resultaba "muy difícil" votar a favor de la ley mientras la misma mantuviera, como lo hace, el carácter militar de la Guardia Civil y unos preceptos "de carácter clasista".

Iñigo Cavero, del CDS, señaló que su grupo mantiene 42 de las más de 100 enmiendas que presentó al proyecto y, especialmente, la petición de que todo el título relativo a la enseñanza militar sea desgajado de la ley y se elabore una norma separada sobre esa cuestión.

Nicolás de Salas, de Minoría Catalana -que también se abstuvo en la mayoría de las votaciones-, indicó que la ley no alcanza sus objetivos porque su contenido es "clasista y regresivo", "vulnera derechos legítimamente adquiridos" y "quiebra el principio de jerarquía".

Luis Mardones, de Agrupaciones Canarias Independientes, votó a favor y en su intervención recordó que, como había comentado Serra, ésta es la ley que la democracia da a las Fuerzas Armadas.

José Antonio Trillo, del Grupo Popular, criticó que el PSOE no hubiera aceptado varias de sus enmiendas -63 de 95 que presentó-, como el mantenimiento de las armas clásicas en el Ejército (Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros) o la permanencia del Cuerpo de Mutilados.

Trillo, no obstante, consideró muy positivo el hecho de que los socialistas hubieran accedido a modificar la normativa relativa al tiempo máximo de permanencia en los ejércitos. El proyecto inicial fijaba en 32 años ese tiempo máximo de permanencia. Ese límite se ha mantenido, pero se han introducido otras fórmulas para que no perjudique las expectativas de los militares que hoy están en activo. En los primeros años de vigencia de la ley, por ejemplo, ese tiempo límite será de 35 años.

Javier Barrero, del Grupo Socialista, agradeció el esfuerzo de los diversos grupos por encontrar fórmulas de consenso, pero criticó la actitud de Minoría Catalana por mantener algunas enmiendas que, en su opinión, suponen un retraso en las reformas registradas en los ejércitos. Barrero, además, anunció que su grupo aceptaba cuatro nuevas enmiendas sobre aspectos de importancia menor.

Retribuciones

Por una de esas enmiendas, aprobada por iniciativa del CDS, el régimen retributivo de los militares será el de los funcionarios de la administración. Sus equivalencias figuran en el reciente decreto sobre sueldos militares.[Medio centenar de mujeres, esposas de oficiales de la Escala Especial, entregaron ayer al capitán general de la II Región Militar Sur, Rafael Porgueres, un escrito en el que manifiestan su rechazo a la citada ley, informa Lourdes Lucio desde Sevilla. Una portavoz manifestó que la ley supone "una humillación y una injusticia" para esos oficiales, supuestamente discriminados.]

Otros colectivos, como el de los militares de complemento -en la ley llamados militares de empleo-, también analizan en estas fechas con varios abogados la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

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Sobre la firma

Carlos Yárnoz
Llegó a EL PAÍS en 1983 y ha sido jefe de Política, subdirector, corresponsal en Bruselas y París y Defensor del lector entre 2019 y 2023. El periodismo y Europa son sus prioridades. Como es periodista, siempre ha defendido a los lectores.

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