La fiscalía pide la declaración de quiebra fraudulenta del Banco de los Pirineos y de la sociedad Mateu&Mateu

La fiscalía de Barcelona ha instado al Juzgado de Primera Instancia número 7 de Barcelona que declare fraudulenta la quiebra del Banco de los Pirineos y que se investigue por vía penal los posibles responsables de la bancarrota de la entidad. La misma petición ha sido formulada respecto a la sociedad Mateu&Mateu, que también instó la demanda de suspensión de pagos en 1979. Higinio Torras, ex presidente de la entidad, huyó de España en la primavera de 1982 tras la suspensión de pagos del banco, en el que se produjo un agujero de más de 4.000 millones de pesetas.

La petición de quiebra fraudulenta se ha producido tras la revisión iniciada por la fiscalía de todos los, procedimientos de suspensiones de pagos y quiebras. Así, el otoño pasado se descubrió que el expediente abierto por la petición de suspensión de pagos del Banco de los Pirineos había estado paralizado desde el año 1983, fecha en que tanto la sindicatura como el comisario emitieron sendos dictámenes que concluían con la declaración de quiebra fraudulenta.El informe del síndico de la quiebra, recogido ahora por el escrito del fiscal, asegura que lamemoria presentada por la entidad estaba falseada. Añade que el banco llevó a cabo una concentración de créditos a empresas vinculadas a los consejeros de la entidad sin que constaran en la contabilidad. Según este dictamen, el montante de esta inversión ascendió a 5.800 millones de pesetas, cantidad que suponía más de cuatro veces los recursos propios de la entidad. La pérdida que ocasionaron estos créditos fue fijada en más de 3.000 millones de pesetas. Asimismo, los responsables de la entidad concedieron, por medio de avales a las mismas sociedades, más de 2.100 millones de pesetas.

Respecto a los balances presentados por la entidad, tanto el síndico como el comisario coinciden en que eran falsos. En diciembre de 1981, fecha de la petición de suspensión de pagos, la entidad cifró su activo en 9.238 millones, frente a un pasivo de 5.994 millones. Los interventores de la suspensión fijaron el estado financiero del banco en un activo de 7.824 millones frente a 9.885 millones de ,pasivo. Por su parte, en el dictamen del síndico se afirma que existía una diferencia a favor del pasivo de 3.549 millones.

Créditos vinculados

La fiscalía coincide con el criterio del comisario y síndico de la quiebra de que la bancarrota de la entidad se derivó fundamentalmente de la política de concesión de cuantiosos créditos y avales fallidos a firmas vinculadas a los miembros del consejode administración. Esta situación también fue denunciada por la fiscalía en otro agujero bancario, el sufrido por Banca Catalana.La sociedad Mateu & Mateu presentó la demanda de suspensión de pagos en septiembre de 1979. La firma dedicada a los transportes en principio estuvo dirigida por los hermanos Ramón y Mariano, aunque a la muerte de este último le sucedieron sus hijos. Según los datos aportados por la sociedad al juzgado, existía una diferencia en el balance a favor del pasivo de más de 3.300 millones de pesetas. Lo que en principio fue una suspensión de pagos, en febrero de 1981 se convirtió en un expediente de quiebra necesaria instada por una trabajadora de la empresa.

El fiscal ha solicitado ahora la declaración de quiebra fraudulenta basándose en los dictámenes emitidos por el comisario nombrado en la quiebra y por la sindicatura.