Seguros considera que La Nueva Mutua incurre en una de las causas legales de disolución

La Dirección General de Seguros considera que La Nueva Mutua se encuentra incursa en una de las causas de disolución contempladas en el artículo 30 de la ley de Ordenación del Seguro Privado, según la resolución administrativa que en breve será comunicada a la citada compañía. Esta resolución, que verá la luz dos meses después de la intervención decidida por Seguros tras detectar graves insuficiencias en el nivel de provisiones técnicas de La Nueva Mutua, requerirá a su actual gerencia, sin embargo, para que en el plazo de un mes presente un plan de saneamiento que le permita superar la crisis por la que atraviesa.

El nuevo administrador-gerente de La Nueva Mutua, José Merlo, nombrado por la Administración a mediados del pasado mes de marzo, remitió hace muy pocos días un informe técnico que, junto al análisis de las alegaciones presentadas por la antigua dirección de la aseguradora, ha servido de base a la Dirección General de Seguros -organismo dependiente del ministerio que dirige Carlos Solchaga-, para elaborar una resolución en la que se pone de manifiesto el estado financiero de la compañía a 31 de diciembre de 1987, y se establece un principio de responsabilidad sobre los hechos que se consideran probados.La resolución administrativa, de acuerdo con los diferentes medios consultados, considera la existencia de una causa de disolución de La Nueva Mutua, al amparo del artículo 30, d) de la ley de Ordenación del Seguro Privado, que establece que las entidades aseguradoras se disolverán cuando sufran "pérdidas en cuantía superior al 50% del capital social o del fondo mutual desembolsado".

Junto a esta causa de disolución, el citado artículo 30 establece otras, como el cumplimiento del término fijado en los Estatutos de la compañía aseguradora de que se trate; la imposibilidad manifiesta de cumplir el fin social; la inactividad de los órganos sociales, de modo que resulte imposible su funcionamiento; la fusión en una entidad nueva, por absorción por otra entidad o por haber cedido totalmente su cartera de seguros, o la declaración de quiebra.

Medidas cautelares

Simultáneamente, y tras declarar la existencia de la mencionada causa de disolución, la Dirección General de Seguros establecerá en su resolución una serie de medidas cautelares, de entre las cuales destaca la de requerir a La Nueva Mutua para que en el plazo de un mes presente un plan de rehabilitación, aprobado por su consejo de administración. En este plan deberán proponerse las medidas financieras, administrativas o de otro orden que se consideren más adecuadas, formular una previsión de resultados y fijar los plazos para su ejecución, a fin de intentar superar la situación que dio origen a dicho requerimiento.El plan deberá tener una duración máxima de tres años y habrá de concretar en su forma de periodicidad las actuaciones a realizar. La Dirección General de Seguros lo aprobará o denegará en el plazo de urrmes y, en su caso, fijará la periodicidad con que la entidad deberá informar de su desarrollo.

La resolución administrativa es el paso previo al estudio y aceptación de las ofertas de compra presentadas sobre La Nueva Mutua. Hasta el momento son dos las ofertas que compiten por hacerse con la compañía, correspondiendo las mismas a una aseguradora nacionalidad española y otra inglesa.

La adquisición de la entidad aseguradora, sin embargo, pasa por dos alternativas posibles: su transformación en una sociedad anónima, o el traspaso de su cartera de clientes a la sociedad compradora. La primera fórmula, según las fuentes consultadas, "es jurídicamente sencilla, aunque económicamente muy compleja", barajándose la segunda de las alternativas como la más probable.

Cabe destacar que una de las acciones llevadas a cabo por el administrador-gerente nombrado al efecto por Seguros fue remitir un informe a una docena de bancos y compañías aseguradoras ofreciéndoles la posibilidad de adquirir La Nueva Mutua. En un primer momento, el Banco Santander mostró cierto interés, pero al poco tiempo los contactos quedaron en una vía muerta.

La Nueva Mutua es una entidad aseguradora que opera fundamentalmente en el ramo de automóviles dentro de la Comunidad de Madrid, donde cuenta con unos 110.000 mutualistas. Las deficiencias técnicas observadas en su nivel de provisiones, cifradas en unos 2.500 millones, llevaron a la intervención de la Dirección General de Seguros, que nombró un nuevo gerente, con la misión explícita de que frenara el deterioro económico y de imagen de la compañía, que estableciera los recursos y deudas de la entidad, y que verificara su patrimonio inmobiliario.