El Parlamento pedirá que se modifique la patria potestad para defender a los niños abandonados

El Parlamento propondrá al Gobierno que modifique la figura de la patria potestad, ya que ésta en muchas ocasiones supone un Impedimento para el libre desarrollo del menor y su debida atención por parte del Estado, según figura en la moción de un informe elaborado por el Senado sobre la situación del menor, que será aprobado mañana en comisión y a mediados de mes en el pleno de la Cámara alta. Los ponentes demandan sendas leyes de derechos del menor y de protección jurídica y, a modo de recomendación, se pide a la autoridad judicial que antes de enjuiciar el comportamiento delictivo de un menor se tengan en cuenta "los derechos conculcados del niño como precedente inexcusable".

Después de casi tres años de trabajo, la ponencia sobre La problemática del menor, coordinada por el socialista Manuel Cuña Novas, ha terminado su informe, que será aprobado mañana en comisión y días después por el pleno de la Cámara alta. En el informe se reflejan las opiniones de numerosos comparecientes cuyo testimonio ha servido para preparar este texto muy descriptivo y sin apenas juicios de valor.Autoridades del Ministerio de Justicia y de organismos relacionados con los problemas del menor han llegado a la conclusión de que la figura jurídica de la patria potestad puede ser un impedimento para el desarrollo del menor, toda vez que el padre o la madre, aun no siendo capaces del cuidado y la educación de un hijo, al tener la patria potestad impiden al Estado y a las autoridades públicas que se hagan cargo de ese menor.

Poder absoluto

"Hay que legislar claramente dónde llega la patria potestad y dónde empiezan los derechos del niño", se dice en la resolución, en la que se citan las palabras del sociólogo Helios Prieto: "La patria potestad es el último rescoldo del poder absoluto que queda en la sociedad contemporánea". En la moción que se votará en el pleno se pide al Gobierno que "modifique la figura jurídica de la patria potestad", así como que se elaboren sendas leyes sobre lo derechos del menor y de protección jurídica. Uno de los 19 capítulos de los que consta el informe se refiere a las causa de las situaciones conflictivas del menor, divididas en personales y familiares. Desescolarización, trabajo prematuro, carencias afectivas, alteración de la familia, elevada tasa de natalidad en familias con escasos recursos económicos, incultura de los progenitores, desadaptación sociolaboral de los padres, hijos de madre soltera o con pa reja inestable, padres drogodependientes, padres delincuentes y prostitución de las madres son algunas de las causas citadas.También se citan razones económicas y sociales, aunque los ponentes precisan que todas las causas son concatenadas y añaden: el paso por los centros tutelares de menores, la reiteración de una conducta irregular a la salida de los centros de re forma y la integración en el grupo de delincuentes.

Las medidas sociales de protección y de prevención y reforma pasan por ayudas económicas a las familias, educación de los padres, tutela automática en supuestos de desamparo acogimiento familiar como alternativa a la familia biológica, educadores de calle o barrio asistencia a campamentos de verano, libertad vigilada y confinamiento o internamientos en centros de reforma.

Los malos tratos a los menores, según los senadores, "apenas son denunciados y se ejercen desde la impunidad, siendo uno de los problemas más preocupantes y vejatorios de los que aquejan al menor en nuestras comunidades".

Causas aludidas

Los ponentes señalan que las causas más aludidas son: la prostitución de la madre, la drogadicción, el alcoholismo, el hacinamiento de la familia, las vicisitudes por las que atraviesa afectivamente la relación de la pareja, el hijo no deseado, la falta de rendimiento escolar, la rebeldía y desobediencia del menor o la violencia ejercida "como un aprendizaje para que el niño reproduzca los hábitos de servidumbre a que los padres en su infancia fueron sometidos". En la moción que será aprobada por el pleno se combinan los cambios jurídicos ya citados con medidas sociales y un plan para el futuro de escuelas infantiles tendente a que el niño sea protegido desde que nace por los poderes públicos cuando sus progenitores no cumplan o no puedan cumplir con las obligaciones que les corresponden.