El Gobierno pospone la discusión del secreto profesional de los periodistas

El Gobierno va a aceptar la discusión, la próxima semana en el Parlamento, de una futura ley de cláusula de conciencia para los periodistas a propuesta de Izquierda Unida (IU). No aceptará una segunda que defenderá este mismo grupo sobre el secreto profesional, según informaron fuentes del Gobierno. De esta manera, el Ejecutivo separa definitivamente estas dos figuras recogidas conjuntamente en la Constitución. Todos los Gobiernos han pospuesto hasta ahora su regulación, al asegurar que no habían encontrado el acuerdo mínimo para regular el secreto profesional entre los sectores afectados: periodistas y juristas.

El pasado 28 de febrero los socialistas rechazaron una proposición de ley formulada por el Centro Democrático y Social (CDS), que fue defendida por Federico Ysart, en la que se pedía la regulación del secreto profesional y la cláusula de conciencia en una misma ley.El socialista Josep Bevià argumentó que estaba dispuesto a discutir sobre la cláusula de conciencia pero no respecto al secreto profesional, ya que este último no concita el acuerdo de los sectores implicados y, por otro lado, su no regulación no supone "indefensión" para los profesionales. El CDS no aceptó esta división.

En esta ocasión, el Gobierno va a aceptar una proposición de ley defendida por el diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Ramón Espasa sobre cláusula de conciencia. Su aceptación o toma en consideración no significa que se apruebe textualmente, pero sí que pase a comisión y se enriquezca con las enmiendas que aporten todos los grupos parlamentarios.

De acuerdo con la cláusula de conciencia descrita por Izquierda Unida, los periodistas tienen derecho a la rescisión de la relación jurídica con la empresa editora cuando el medio de comunicación donde trabajen manifieste "un cambio notable en la orientación informativa o línea ideológica".

También se producirá rescisión con la empresa cuando, a iniciativa de la dirección del medio de comunicación, se introduzcan modificaciones de las condiciones de trabajo que supongan un perjuicio grave para la integridad profesional y deontológica.

Los periodistas tienen derecho, según el texto de la proposición, a "negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a la orientación informativa o línea ideológica del medio de comunicación, o a los principios éticos del periodismo, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio".

Espasa defenderá igualmente en el pleno del Congreso otra proposición de ley sobre el secreto profesional, aunque sabe que será rechazada por los socialistas.

El diputado y secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Josep Bevià, reconoce que el problema sobre el secreto profesional está en los límites que deben establecerse y los supuestos en los que invariablemente los periodistas tienen que revelar sus fuentes de información. Josep Bevià argumenta para posponer la regulación lo siguiente: "No sólo ocurre que los periodistas no están de acuerdo con los juristas, sino que hay periodistas que no están de acuerdo entre ellos, y lo mismo ocurre entre juristas. Es decir, no hay la más mínima posibilidad de consenso".

Sentencia

Los socialistas quieren tranquilizar y señalan que, aun sin que haya una ley específica, existe jurisprudencia que puede marcar las pautas de comportamiento. Bevià cita al efecto una sentencia del Tribunal Supremo del 22 de septiembre de 1988 "que establece claramente la responsabilidad de los periodistas en determinados supuestos, cuando no se cita la fuente".Tal sentencia, que está referida a un artículo periodístico, es resumida así por Bevià: "En el supuesto que en el texto del artículo se contengan imputaciones falsas, constitutivas de un delito perseguible de oficio, referidas a persona determinada, que el periodista asume al no decir la fuente de donde procede, ha de reputársele personal y criminalmente responsable del correspondiente delito".