El narcotráfico como tabú
La infiltración del narcotráfico en los poderes político y económico de Bolivia ha sido el gran ausente como tema de discusión en la campaña electoral, que culminará con elecciones generales este 7 de mayo.A lo largo del pasado año, y en los dos primeros meses de éste, un grupo de parlamentarios y dirigentes políticos denunció reiteradamente la creciente presencia del poder del narcotráfico en instituciones políticas y hasta en aquellas encargadas de la lucha contra el tráfico de estupefacientes, pero las investigaciones llevadas adelante por una comisión de diputados terminaron abruptamente, según se dijo entonces, "en aras de la estabilidad dernocrática". La presente campaña electoral se enmarcó, aparentemente, en un pacto de silencio entre los partidos más grandes e involucrados en las denuncias, y cuyos representantes obviaron permanentemente tocar el tema.
La mayoría de los programas de gobierno ofrecidos en la campaña no mencionaron el narcotráfico.
En un panel de discusión organizado por instituciones campesinas y medios de comunicación, las posiciones se limitaron al problema de la erradicación o no de los cultivos de hoja de coca, materia prima de la cocaína, y a la participación o no de tropas extranjeras en la lucha contra los traficantes de droga en las zonas de producción y comercialización del estupefaciente.
El Gobierno boliviano, por acuerdo con otros países, ha delimitado zonas tradicionales de producción de la hoja de coca. Fuera de éstas, la sustitución de cultivos es voluntaria por un tiempo. Después será erradicación forzosa.
Seis de las candidaturas se pronuncian por un no a dicha erradicación, y sostienen que la sustitución de cultivos de hoja de coca debiera de efectuarse cuando existan plenas garantías de mercado y precio para otros productos agrícolas.
Los otros tres partidos, ADN, MNR y MIR, plantean la sustitución de cultivos y erradicación voluntarios y la presencia de tropas extranjeras, con autorización del Congreso, "siempre que no tengan otra finalidad que la de controlar y combatir el narcotráfico.
Los candidatos de Izquierda Unida, Antonio Araníbar, y del Partido Socialista Uno, Roger Cortez, denunciaron la infiltración del narcotráfico, pero sin mayor eco.
En declaraciones a EL PAÍS, Araníbar dijo que el decreto 21060 -que puso en vigencia la nueva política económica en 1985- es "el inicio de un reconocimiento implícito de la estrecha relación de la mafia narcotraficante y sectores del capital financiero nacional", que conforman "el basamento fundamental de la economía de nuestro país".
El mencionado decreto incluyó una cláusula por la que se prohibió la investigación del origen de fortunas, dando lugar en muchos casos a un inmediato "blanqueo de los narcodólares" y su incorporación a la economía.
