La acción popular del 'caso Amedo' acusa a la Audiencia de amparar a Barrionuevo y Corcuera

BONIFACIO DE LA CUADRA, Los 104 ciudadanos que ejercen la acción popular en el sumario sobre implicaciones de personas o instituciones en las actividades terroristas de los GAL han recurrido el acuerdo de la Audiencia Nacional de abandonar la investigación sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior. Los recurrentes acusan a la sala de amparar a los sucesivos ministros del Interior, José Barrionuevo y José Luis Corcuera, que obstruyen a la justicia, dicen, "mintiendo y ocultando datos". Asimismo, los magistrados Clemente Auger y Juan Alberto Belloch se pronunciaron contra la decisión de abandonar la investigación de los fondos reservados.

La acción popular impugna el auto de 24 de abril último (veáse EL PAÍS del 26 de abril) y solicita. a la sala, que preside Juan Manuel Orbe, que lo anule y deje sin efecto y dicte otro por el que acceda a todas las diligencias propuestas para investigar las sospechas de que los fardos reservados del Ministerio del Interior han sido una fuente de financiación de los Grupos Antiterroristas de Liberazión (GAL).Los recurrentes resaltan la importancia de esta investigación para el enjuiciamiento de los hechos, por los que ya se encuentr:m en prisión los policías José Amedo y Michel Dommiguez. Recuerdan que la necesidad de tal investigación ha sido compartida por el instructor de la causa, el fiscal del caso, apartado del mismo, y la propia sala.

Respecto a esta última, reproducen un fragmento de la resolución de 3 de noviembre de 1988 en el que invocó la Constitución y la ley para estimar justificada la obtención de datos concretos sobre los fondos reservados. El recurso, firmado por el letrado Fernando Salas, señala que en dicha fecha, tras la contestación de Barrionuevo, la situación "era idéntica ala actual( ... ), con independencia del tono formalmente más cortés", dice, de Corcuera, pero que sigue sin facilitar la información recabada.Argumentan que "un simple acuerdo del Consejo de Ministros, que es el que realmente parece sustentar la opacidad de los fondos reservados ante la investigación judicial", no puede vulnerar ni derogar la obligación taxativa establecia en el artículo 18 de la Constitución: "Cumplir las sentencias y demás resoluciones de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso".

Prioridad de la justicia

Respecto a la supuesta colisión o confficto entre la tutela judicial efectiva y la seguridad del Estado, que la sala resuelve en favor del segundo, los recurrentes recuerdan la prioridad constitucional de la justicia y agregan que "por la propia esencia del Estado de derecho, toda supuesta razón de Estado debe ceder ante este principio superior". Los razonamientos de la sala "parecen justificar", dicen, una sensación de impotencia o resignación frente a la prepotencia del poder ejecutivo", postura que no puede adoptar " un poder judicial auténticamente independiente, que ( ... ) no puede abdicar respecto del control de legalidad de la actuación administrativa".

Otro argumento utilizado por los recurrentes es que la sala "confunde dificultad con imposibilidad", por lo que los recurrentes recuerdan al tribunal su "obligación de agotar todas las posibilidades de investigación", incluída "la aplicación del Código Penal a quienes obstruyen la acción de la justicia".

Sobre la responsabilidad de Barrionuevo y Corcuera, los recurrentes afirman que "ambos ministros, con sus contestaciones, sustancialemnte idénticas, vienen mintiendo y ocultando datos, en una actitud que no sabemos si puede constituir encubrimiento propio, de los procesados o de terceras personas, pero que desde luego", aseguran, "es constitutivo de un delito de obstrucción a la justicia, previsto en el artículo 371 del Código Penal". Califican de "bochornoso" que se hagan compatibles las respuestas de que no existe rastro documental de los fondos con la "constancia de que el viaje de Amedo a Portugal fue satisfecho con fondos reservados y que recibió lo estrictamente necesario".

Auger y Belloch

Por otra parte, los magistrados Clemente Auger, presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, y Juan Alberto Belloch, prsidente de la Audiencia Provincial de Bilbao, a preguntas de EL PAÍS, coincidieron en la noche del jueves, en un coloquio del Club Debate, en criticar la resolución ahora recurrida. Frente a los argumentos de de la Audiencia Nacional, Auger aseguró que "no existen obstáculos legales para la investigación razonable de un delito". Dijo que la ley de Secretos Oficiales "no colisiona con la ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que cuando se solicita una diligencia razonable para investigar un delito, debe realizarse, o al menos no existe impedimento legal para ello".

Belloch se manifestó tajantemente en desacuerdo con el auto que desistió de investigar los fondos reservados y razonó así su posición: "Cuando se produce colisión entre un bien constitucional, como es la tutela judicial efectiva, frente a otro valor jurídico como es la seguridad del Estado, es siempre prevalente del derecho constitucional". Agregó que en ese sentido se viene pronunciando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de las instancias internacionales que se han ocupado de la materia. Por su parte, Izquierda Unida ha preguntado a Corcuera los motivos de no contestar a la Audiencia Nacional sobre los fondos de Interior.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0028, 28 de abril de 1989.

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