La venda y la herida
EL GOBIERNO español parece dispuesto a suavizar los requisitos de entrada en España de los ciudadanos latinoamericanos. La ola de protestas generada en los países afectados y en algunos medios españoles ante el reciente endurecimiento de tales medidas ha obligado a reconsiderar la postura oficial española sobre un asunto que siempre ha debido ser abordado con criterios más amplios que los estrictamente policiales.Su condición de país comunitario obliga a España al cumplimiento de la legislación común de la CE sobre emigración exterior. No se puede reprochar a España, por tanto, su preocupación por hacer respetar en su territorio las normas básicas que rigen en todo el espacio comunitario. Sin embargo, ello no quita para que nuestro país deba esforzarse por hacer compatible su opción europea con el mantenimiento de una relación especial con aquellos países con los que comparte lengua y cultura, y que, además, fueron generosos en la acogida de centenares de miles de emigrantes españoles en momentos difíciles de la reciente historia. Y, desde luego, lo que España nunca debe hacer es convertirse en instrumento de la particular política sobre extranjeros de determinados países de la CE.
Nada de esto se tiene en cuenta en la orden del Ministerio del Interior de 22 de febrero pasado que encarece y dificulta notablemente la entrada, aun como simples turistas, de ciudadanos latinoamericanos en España. El ministerio español justifica la medida en el diferente tratamiento que debe darse, en lo que se refiere al derecho de circulación de personas, a los que son ciudadanos de la CE y a los que no lo son. Pero esta diferencia, que es obvia respecto a las posibilidades de realizar actividades económicas asalariadas o no, y de prestar o recibir servicios, no puede extenderse sin más al hecho mismo de la entrada en territorio español de ciudadanos que hoy por hoy no necesitan visado. Sin duda, las dificultades económicas y legales puestas a su entrada tienden a abortar posibles abusos en cuanto a una prolongada permanencia clandestina en España y, paralelamente, en otros países comunitarios. Algunos testimonios oficiales encuentran la explicación de tales medidas en la necesidad de impedir la entrada en Europa de los traficantes de droga o de otros delincuentes de altos vuelos.
Sin embargo, no está justificado que por querer ponerse la venda antes de la herida España arruine una tradición de siglos. Es ridículo pensar que los traficantes de droga van a quedarse al otro lado de las aduanas porque Interior haya elevado las cuotas de entrada en el territorio español de 3.000 a 5.000 pesetas por persona y día, y, exija, además, la posesión de billete para el regreso al país de origen o el traslado a un tercero. El sistema, eso sí, es tremendamente eficaz para bloquear el paso de todos aquellos que llegan huyendo del hambre, la persecución o la guerra.
La política de emigración, el encauzamiento de los flujos humanos entre unos países y otros y, en definitiva, el intercambio cultural y social entre los pueblos, son asuntos demasiado complejos como para dejarlos exclusivamente en manos de los ministros de Interior. Las medidas policiales que la CE adopte para reforzar su frontera exterior deberían complementarse con un diseño gubernamental europeo más amplio, en el que se tuviese en cuenta la tradición de Europa como tierra de asilo y de acogida. Y, en lo que se refiere a los latinoamericanos, España está obligada moral y políticamente a mantener con ellos unas relaciones preferenciales justificadas por la historia y no sólo por el festejo del V Centenario del Descubrimiento.
