La Hacienda de todos

No quiero detenerme en una enumeración de los errores que se han cometido, a mi juicio, en materia de gestión de Hacienda. Han sido, es cierto, numerosos en cantidad y muy graves en calidad. La consecuencia, como ya decía ayer, ha sido el fin de un modelo de gestión que, aceptado o no por sus actuales autores, está tocado de ala. Puede ser que, como decía estos días en el Congreso uno de dichos gestores, estemos navegando en la niebla y que la tripulación confíe en la habilidad del capitán. Puede ser, aunque en ese barco vamos también numerosos pasajeros, que no nos sentimos ya tan tranquilos sobre dicha habilidad, que hemos notado algún fuerte encontronazo con algún que otro iceberg y que, sobre todo, somos muy conscientes de que ese barco no es ni del capitán, ni del primer oficial, ni de ninguno de los tripulantes más que de nosotros mismos, y que si se produce el hundimiento del barco probablemente, en contra de las leyes marinas, la tripulación sea la primera en abandonarlo. En todo caso, la afirmación de confianza en la habilidad del capitán realizada por éste o por su primer oficial, para entendernos, tiene escasa credibilidad.Debemos comenzar por aclarar el concepto de Hacienda de todos. Cuando Hacienda reclama el apoyo social para su actuación no está pidiendo más que aquello a que obliga a todos los ciudadanos el mero hecho de vivir en una comunidad organizada, y es, desde tal punto de vista, irreprochable. Cuando Hacienda arremete contra este o aquel tribunal, se queja de la falta de apoyo de los jueces a la lucha contra el fraude fiscal o realiza actos de pura demagogia que atentan en ocasiones contra la dignidad de la persona humana, está realizando algo impropio, inaceptable y que sitúa a los ciudadanos ante el deber moral de discernir el grano de la paja y actuar en consecuencia.

No voy a entrar aquí a analizar, por ejemplo, la regulación del delito fiscal, porque ya me he ocupado de ello con cierta amplitud en anteriores ocasiones, ni voy a entrar en la regulación del procedimiento de inspección, ni en el de infracciones y sanciones tributarias, que presenta hoy, a juicio de la mayoría de las personas con independencia de criterio, enormes deficiencias que hacen temer incluso sobre su constitucionalidad. La falta de articulación entre procedimiento tributario y Pena], la no presencia en el procedimiento fiscal de los principios del orden penal, la evidente falta de proporcionalidad entre los ¡lícitos y sus sanciones, la falta de garantías objetivas del contribuyente que afecta a puntos tan esenciales como la certeza de objetividad en la selección de los sujetos pasivos sometidos a inspección o sobre los que se decide el inicio de una actuación penal, no son más que reflejo de un sistema sancionador en que Hacienda ha pretendido tener todos los derechos, y los contribuyentes, ninguno, aunque, afortunadamente, por ahora, los tribunales han servido de freno a tal estado de cosas.

La manipulación ha llegado en algún caso a límites impresionantes. Cualquier ciudadano que haya leído la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso de una conocida cantante no dudará en afirmar que los magistrados han tratado a Hacienda con guante blanco, han evitado zaherirla gratuitamente y, sin embargo, han fallado lo que han creído en conciencia. Pueden o no estar equivocados, y yo mismo mantengo un punto de vista distinto al que sostiene el fallo de su sentencia. Pero no es ésta la cuestión. A ellos correspondía juzgar y, con acierto o sin él, que eso nadie puede saberlo, lo han hecho honestamente, de forma independiente y con pleno respeto a la dignidad de la persona acusada. Nadie, que yo sepa, ha impedido a Hacienda recurrir contra la sentencia, aunque ya le auguro, dada la regulación insostenible del procedimiento en materia de delito fiscal, escaso éxito en esa o en otra instancia. Los responsables de Hacienda parecen no querer comprender que el ámbito judicial no es el ejercicio de su poder, sino el del ejercicio del poder jurisdiccional. Mal acostumbrados a un ámbito político, en el que una débil oposición confunde el sentido del Estado con la coparticipación, la noción de consenso con la de reparto de poder y su deber de oposición leal con una total falta de convicción, desconectados de la sociedad civil, a la que únicamente recurren para utilizarla y ejercer presión sobre otras instancias del Estado, piensan que la continua apelación a la obligación de todos de apoyar a Hacienda se puede transformar en la obligación de apoyar una determinada política y un determinado equipo gestor. No se dan cuenta que el ejercicio de la crítica no tiene que ver nada con el apoyo al fraude fiscal, sino que, por el contrario, defender una correcta legislación y gestión es la única manera de combatirlo eficazmente, por encima o más allá de pequeños éxitos coyunturales que, como ya dije en su momento, y lamento haber acertado, han sido pan para hoy y hambre para mañana.

Esperpento nacional

Es necesario decir también que la actitud de algunas personas fuertemente presionadas por Hacienda no ha estado a la altura de las circunstancias. El espectáculo de una artista dando una conferencia de prensa para decir que ya no es "...de España", sino "...de Hacienda", o el de un humorista presidiendo una cena como estrella invitada para hablar de los impuestos, que él mismo reconoce no haber pagado, es sencillamente grotesto e inútil y merece formar parte de una antología del esperpento nacional.

Como también resulta incomprensible, desde un punto de vista de ética profesional, la actuación de ciertos profesionales, que se han permitido hacer interesadas mezclas entre lo que supone una absolución en primera instancia y una condonación del pago de impuestos. Decir que un contribuyente no va a pagar sus impuestos porque ha sido absuelto en primera instancia por una sentencia todavía no firme, quedando expedita la vía administrativa no sólo para cobrar la deuda, sino incluso para imponer sanciones en cuantías que ponen los pelos de punta y los correspondientes intereses de demora, es una falta a la verdad. El escrupuloso director general del ente público podría visionar determinados programas en los que se ha tratado este asunto, y quizá coincidiría conmigo en que resultan bastante más nauseabundos que un combate de boxeo.

De todas formas, ahora Hacienda tiene una opción trascendental: seguir con el principio que se puede expresar con aquello de sostenella y no enmendalla o, por el contrario, tener el coraje de abordar una reforma y organización en profundidad del sistema fiscal, que alcance un alto consenso social y en que los demás partidos políticos sean algo más que los que presentan enmiendas que nunca son aceptadas. Quizá entonces estemos en el buen camino, y Hacienda, por la vía de la corresponsabilidad, más que por la de la sumisión incondicional, sea en verdad la Hacienda del Estado y, por tanto, la Hacienda de todos. La distinción entre Estado y Gobierno puede ser, a estos efectos, muy interesante.

Para que Hacienda sea de todos es necesario también un cambio sustancial en la política de organización. El desbarajuste actual que deriva de fusiones de cuerpos que, en el fondo, no han existido más que en el BOE, no es más que el lodo que deriva de una política errática general en materia de función pública, en la que la carrera administrativa, la defensa de la profesionalidad y el respeto a los criterios discrepantes de los subordinados han salido mal parados. La retribución vinculada a términos de recaudación tiene enormes peligros. Nadie se imagina a los auditores cobrando en función de los errores detectados en su actuación profesional y, desde luego, no parece la mejor forma de aportar al contribuyente y al propio funcionario la serenidad y la confianza recíproca que debe existir en toda comprobación tributaria.

Para que Hacienda sea de todos es necesario que la selección de los contribuyentes se haga en base a criterios objetivos e imparciales, que las decisiones en las diversas fases del procedimiento obedezcan a criterios contrastables y estrictamente profesionales, incluyendo las que se refieren al inicio de expedientes por delito fiscal. Es necesario también que se extienda la certeza social de que la inspección de Hacienda es tan correcta como implacable, y que cualquier ciudadano tenga la certeza de que, con suma educación y respeto, lo mismo Hacienda está dispuesta a informarle, a corregir cualquier error o injusticia, que a sancionar irremisiblemente.

Limitar la política

Resulta imprescindible limitar la política al ámbito que le es propio y excluirla de aquel en que sólo debe aparecer una actuación profesional. De la misma manera que nadie se imagina al ministro del Interior deteniendo personalmente a los delincuentes por las calles, es inconcebible que una autoridad política, que puede incluso carecer de la formación y experiencia profesionales adecuadas para ello, tome decisiones en procedimientos tributarios concretos.

La supervisión parlamentaria a posteriori, por medio del control de la oposición sobre la acción del Gobierno y la propia actuación de un Tribunal de Cuentas que, en virtud de un consenso mal entendido, deje de reproducir miméticamente mayorías parlamentarias, pueden ser el camino para asegurar que desaparece cualquier sospecha o duda, aunque resulten infundadas, sobre ese concepto que hemos dado en llamar la Hacienda de todos.

Confío en que la evolución cultural, social, económica y política de nuestro país, con la aparición de medios de comunicación audiovisual que no estén a disposición del Gobierno de turno, vaya haciendo a nuestra sociedad menos manipulable, más crítica y más dispuesta a rechazar la utilización interesada por parte del poder. Quizá así un día de justicia tributaria se ejerza en nuestro país con templanza y respeto, aunque también con competencia, energía y eficacia. Quizá entonces nuestra Hacienda, además de ser de todos, sea una Hacienda competente, profesional, eficaz, justa y válida para actuar sea cual sea el Gobierno de turno, en defensa del interés del Estado, que es ciertamente de todos.

es agente de cambio y bolsa de