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Tribuna:

Confusión de confusiones

Al hilo de las últimas sentencias dictadas sobre asuntos de índole fiscal, el autor afirma que la justicia es el mejor medio que tiene Hacienda para producir su aceptación social. Asegura también que la mejor defensa de la Hacienda pública es que se cargue de competencia, justicia, razón y eficacia.

Asistimos estos días a una serie de hechos que bien pudieran definirse como lamentables. La sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero, la confusión creada en torno a ella y la reciente sentencia del tribunal que ha enjuiciado el caso de una conocida cantante no son más que los últimos hitos de un camino que ha estado, a mi juicio, cuajado de despropósitos. Se ha entrado en un verdadero juicio a losjueces en el intento de convertir el fracaso de la política fiscal en un éxito político, en base a la lógica falta de conocimientos técnicos especializados de la mayoría de la población.He guardado un escrupuloso silencio mientras estaba sujeta a debate la cuestión del matrimonio en el Tribunal Constitucional, porque entendía y entiendo que, una vez flanteada ante él, el respeto al órgano juzgador así lo exigía. Me causó verguenza ajena asistir, una tras otra, al penoso espectáculo de una serie de declaraciones de altas autoridades hacendísticas que tenían la clara pretensión de influir en la decisión del tribunal. Resultó curioso comprobar cómo quienes jamás han aceptado una opinión ajena, por fundada que fuera, o quienes nunca han realizado la más mínima autocrítica, se volvían de repente enormemente comunicativos y acudían a todos los medios habidos y por haber para hacer comprender a la opinión pública el acierto de sus planteamientos y el error de todos los demás. Se transmitía el mensaje de que la solución actual era la más correcta, la única técnicamente viable, y que cualquier cambio sólo favorecería a los privilegiados y habría de ser financiado por el resto de los ciudadanos.

Ni una sola mención de la opinión de técnicos que, en muchos casos sin adscripción política alguna, habíamos manifestado lo que podía pasar, incluso con años de antelación. Ni una sola palabra de respeto a los órganos juzgadores, como no fuera para colocar el latiguillo de que se respetaba la sentencia y a continuación dar rienda suelta a una serie de manifestaciones que demostraban palmariamente todo lo contrario. Nadie está excluido del debido respeto a los tribunales de justicia, incluido el Constitucional. Los servicios jurídicos del Estado no están concebidos para elaborar notas de prensa y ningún Gobierno puede actuar de tal manera cuando una sentencia le sea desfavorable, porque ello legitima a los ciudadanos a cuestionar también la justicia y la legalidad de las resoluciones judiciales e inicia un camino sin retorno en el que se pierden todas las referencias, y se produce un desprestigio de la ya no muy prestigiosa Administración de justicia, que a todos daña.

Represión del fraude

Dar a entender que los jueces no colaboran en la represión del fraude fiscal es algo más que una rotunda falsedad. Los jueces en este país, a pesar de los pesares de determinadas reformas, han demostrado y están demostrando un sentido de la justicia, de su propia profesionalidad y de su independencia que raya en lo heroico. Lo que no son los jueces es militantes de ningún partido ni funcionarios de Hacienda. No es su misión colaborar o dejar de colaborar en esta o en aquella política, sino, única y exclusivamente, administrar justicia. Pero es que, además, este Gobierno, menos que ninguno de la etapa democrática, tiene legitimidad moral para hacer tales insinuaciones. ¿Analizamos a fondo el tema de la retroactividad de la sentencia de 20 de febrero? ¿No es más cierto que, aunque la justificación es endeble, se ha corrido un tupido velo por algo parecido a la razón de Estado? ¿Podemos pensar que hubo, para decirlo suavemente, un cierto olvido de la razón de justicia en aras de la razón de Estado?

Ningún ciudadano -y, desde luego, ningún juez o tribunal- es responsable de que los actuales rectores de la política fiscal hayan cometido uno de los mayores errores de enfoque estratégico que se recuerdan en materia de Hacienda pública. Nadie les obligó a adoptar una línea de voluntarismo rigorista que a lo único que ha conducido es a desarbolar los mecanismos jurídicos y técnicos en materia fiscal.

Las cañas se han vuelto lanzas, y donde se creía que iba a producirse un enorme éxito por vía ejemplarizadora se ha producido el más rotundo fracaso, que, manipulado zafiamente, está ocasionando una completa desmoralización social en materia tributaria y una deslegitimación del Estado de derecho a las que es urgente poner remedio. No estaría de más, dicho sea de paso, que alguno de los responsables conjugara la primera persona del presente singular de los verbos dimitir o cesar.

Los éxitos recaudatorios, que parecen haber sido la justificación de todo el dislate jurídico y organizativo que se ha creado, obedecen a causas y han producido unos efectos en muchos casos mal estudiados o desconocidos por los propios autores de la política fiscal. Algún análisis del Banco de España debería ser tenido en cuenta en este sentido. Si el coste de esos pretendidos éxitos recaudatorios es destrozar el entramado jurídico y organizativo de nuestra Hacienda pública, me temo que es un coste que no podemos permitirnos. ¿Qué hubiera pasado si el Tribunal Constitucional hubiera declarado la retroactividad de efectos de su sentencia? ¿Cuál hubiera sido el efecto recaudatorio negativo de dicho acto?

El matrimonio

Hace algún tiempo, en relación con la forma de tributación del matrimonio en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, antes o después de ese estado legal ya escribí: "En todo caso, esta cuestión es una eficacísima muestra de lo que no debe hacer Hacienda. Ir resistiendo heroicamente la presión social, aceptar una fórmula polémica cuando menos curiosa para no llegar a la solución de un problema de estricta justicia, es sencillamente descabellado. Cualquier otra solución hubiera sido mejor, por mala que fuera. En todo caso, correr el riesgo de que algún tribunal, singularmente el Tribunal Constitucional, hubiera podido dictar una resolución favorable a los contribuyentes, me parece un desacierto total. Desde cualquier punto de vista que se lo examine carece de todo sentido, porque nunca se puede recaudar a costa de una injusticia o de dañar una institución que, como la familia, no está precisamente boyante.".

Me propongo analizar algunas de las circunstancias que están presentes en este campo en la actualidad, porque creo que los ciudadanos tenemos el derecho, y aun el deber de conciencia, de examinar la actuación de los encargados de los asuntos públicos.

No se trata tampoco de celebrar ninguna pretendida victoria contra Hacienda o contra el Estado. Si tal existiera sería una victoria pírrica y carente de sentido, porque es cierto que Hacienda somos todos y que de lo que se trata, por encima de las personas que están sujetas a cambios, es de ver el asunto como lo que es: una capital cuestión de Estado en la que los excesos partidistas y la utilización ridículamente propagandística y pretendidamente ejemplarizadora de determinadas actuaciones deben ser sustituidos de forma inmediata por un rigor técnico, profesional, objetivo e independiente que haga posible el funcionamiento de Hacienda, sea cual fuere el Gobierno de turno.

Cualquier normativa debe basarse en el respeto a la Constitución, en el estudio concienzudo y profundo de la realidad social, y en una sustancial mejora del aparato gestor.

La justicia es el mejor medio que tiene Hacienda para producir su aceptación social. La mejor defensa de nuestra Hacienda pública es su propia presencia social, cargada de competencia, justicia, razón y eficacia. Vale más una actitud seria, constante y profesional que la publicidad más amenazante. En todo caso, dentro del mayor respeto a la sociedad que le da origen y fundamento, y sin olvidar su carácter instrumental al servicio de unos objetivos nacionales que fijarán las fuerzas políticas de cada momento, pero que en ningún caso pueden detenerse en lo puramente recaudatorio.

José María López-Arcas es agente de cambio y bolsa de Bilbao.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de abril de 1989

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