La respuesta

LA EXPULSIÓN de Argelia de seis destacados miembros de ETA días después de que los terroristas volvieran a ejercer su oficio significa decir claramente a los violentos que se acabó la impunidad de que se beneficiaron durante años. Con ello se da respuesta, a la vez, a la justificada inquietud de una opinión pública cuya esperanza en un final no traumático había sido abruptamente quebrada por los señores de la metralleta y el amonal.El Gobierno, con el apoyo de los partidos democráticos y la comprensión de la mayoría de los ciudadanos, estuvo dispuesto a extremar la generosidad para con los terroristas si éstos dejaban de matar y se avenían a un acuerdo razonable. Pero hubiera sido irresponsable jugar toda la partida a esa única baza, ignorando los riesgos asociados a una eventual ruptura unilateral del diálogo por parte de ETA. Las importantes detenciones registradas en Francia y España, así como la expulsión de varios activistas del territorio argelino, ponen de manifiesto que sí existía una estrategia alternativa, tanto en el terreno policial como en el diplomático.

Ello resultaba tanto más necesario a la vista de la línea adoptada por ETA estos últimos días, y en la que se combinan atentados directos a personas singulares -políticos, policías- con la búsqueda deliberada del amedrentamiento del conjunto de la población mediante acciones de terrorismo difuso: amenazas de bomba en las vías férreas, explosivos por correo, etcétera. Siendo así que el objetivo buscado es crear una situación de alarma generalizada, de pérdida de confianza de los ciudadanos en la eficacia de las instituciones, era urgente contrarrestar esa estrategia mediante iniciativas que acreditasen la fortaleza del Estado democrático y su capacidad para responder, desde la legalidad, al desafío. De ahí que la medida ahora adoptada por las autoridades argelinas -resultado, obviamente, de acuerdos previos con el Gobierno español- haya sido bien recibida por todos los partidos democráticos. En cuanto a Herri Batasuna, su despectivo comentario de que "así se deshace el Gobierno español de sus interlocutores" resulta especialmente sarcástico a la vista de la forma como ETA trató de deshacerse de los suyos: enviando una carta bomba a Julen Elgorriaga, interlocutor en la anterior fase de las conversaciones.

La respuesta al desafío de ETA ha tenido también su expresión en el reforzamiento de la solidaridad de los partidos vascos. Reunidos nuevamente en torno a la autoridad moral del lehendakari, esos partidos han reafirmado los principios que comparten, y en particular su rechazo explícito a cualquier objetivo político cuya consecución derivase de la práctica de la violencia. La pretensión de ETA de actuar en nombre de la comunidad nacionalista, en su conjunto se ve así nuevamente desautorizada. No es extraño que, tal como revelan sus últimos comunicados, la ruptura de ese pacto se haya convertido en la obsesión principal de los violentos.

Es posible que el número de personas dispuestas a apoyar a ETA siga siendo en Euskadi el que era. Pero es seguro, en cambio, que ha aumentado enormemente el número de vascos que rechazan a ETA. Ese rechazo se mantuvo durante años, en amplios sectores de la sociedad vasca, en estado latente, reservado al ámbito de lo privado. Ahora ese rechazo ha tenido ocasión de manifestarse de manera explícita y pública. Ello no puede dejar de influir en los comportamientos futuros, incluso si la escalada de los terroristas favoreciera actitudes de miedo o repliegue de la opinión. El hecho de que hayan sido los dirigentes nacionalistas quienes se han puesto a la cabeza de la resistencia contra las pretensiones de los violentos constituye un cambio radical en el escenario político de Euskadi. Ése es el principal fruto político del pacto de Ajuria Enea.