El Gobierno mantiene a Izquierda Unida y al CDS al margen de la negociación autómica

ANABEL DíEZ, El PSOE ha convocado el próximo martes a la dirección del Partido Popular (PP) para discutir los cambios en la ley del Fondo de Compensación Interterritorial, mientras que el Gobierno se reunirá ese mismo día con representantes del PSOE y del Partido Popular para debatir qué competencias deben ser traspasadas a las comunidades autónomas regidas por el artículo 143 de la Constitución o vía lenta. Con ello, el PSOE pone de manifiesto que quiere alcanzar el llamado "pacto de Estado autonómico" con los populares y prescindir del CDS y de Izquierda Unida (IU), a los que no ha convocado.

Una delegación del PSOE, encabezada por el secretario de Relaciones Institucionales, Abel Caballero, se reunirá en la mañana del martes con el responsable de política autonómica del PP, José María Aznar, para debatir sobre los cambios a establecer en la ley del Fondo de Compensación Interterritorial. Por la tarde, el Gobierno, a través del ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, ha convocado a representantes del PSOE y del PP para avanzar en la consecución del llamado "pacto de Estado autonómico".La primera parte de las conversaciones de este pacto discurrirá en el análisis de la situación de Cada una de las 10- comunidades autónomas que después de cinco años de andadura pueden constitucionalmente acceder a nuevas competencias, cuya concreción es el asunto que ocupará la mayor parte de la reunión con Almunia. "Vamos a estudiar las materias susceptibles de traspaso como primer paso", dijo una fuente gubernamental.

Los socialistas quieren dejar para el final de las conversaciones el mayor obstáculo: la forma de acceso. Fuentes gubernamentales indicaron que en principio se mantiene firme en la idea de que se siga la vía del artículo 150.2 de la Constitución, es decir, que sea el Gobierno central el que por delegación transfiera, mediante leyes, las competencias. El Gobierno asegura que las competencias a transferir serían objeto de consenso.

Todos los partidos se oponen por ahora a ese método y abogan por la reforma de los Estatutos, que es otro de los métodos perfectamente legales y que permitiría a las comunidades interesadas dirigir su propio proceso. El PSOE pretende "homogeneizar los procesos" de las 10 comunidades autónomas implicadas y cuenta para ello con un acuerdo de principio con el PP.

Ni el PSOE ni el Gobierno han convocado al CDS y a Izquierda Unida a ninguna reunión, a pesar de qué hace meses el secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, propuso a representantes de ambas fuerzas políticas este pacto de Estado y les requirió su opinión. El CDS se mostró reticente, dado que el Gobierno no quería la reforma de los Estatutos, sino la vía de la delegación de transferencias. Por el contrario, el PCE ha elaborado un documento y está a la espera de que el PSOE lo conozca y les muestre su propuesta.

En una especie de diálogo de sordos, todos esperan ser llamados y nadie da el primer paso. "No vamos a hacer al CDS ni a IU nuevas invitaciones; si ellos están interesados, que lo hagan explícito", manifestó a este periódico Abel Caballero. Por su parte, el comité central del PCE, reunido el sábado en Madrid, aprobó una resolución por la que rechaza "tanto el contenido como la forma de las negociaciones, que se reducen a los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP). Cualquier intento de acuerdo serio sobre el desarrollo definitivo del Estado autonómico consagrado en el título VIII de la Constitución debe ampliarse al resto de los partidos políticos y a las formaciones representativas de las nacionalidades o regiones", dice la resolución del PCE.

La resolución tacha de "infundadas" las acusaciones de autoexclusión del PCE: "Ha sido el propio PSOE el que congeló las negociaciones con la excusa de la inexistencia de interlocutor en Alianza Popular hasta que se produjese su congreso".