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Preocupación del Defensor del Pueblo por la persistencia de quejas por malos tratos policiales

FRANCISCO MERCADO, La memoria del Defensor del Pueblo sobre 1988 muestra su preocupación porque se siguen recibiendo quejas contra agentes de las fuerzas de seguridad del Estado por presuntos malos tratos a ciudadanos. Aunque "hay que reconocer que el número de quejas recibidas en este período (15) es muy reducido en relación al número de funcionarios" de las plantillas, el informe censura que los agentes denunciados por malos tratos suelen denunciar a su vez a sus presuntas víctimas por resistencia a la autoridad.

El informe anual de Álvaro Gil-Robles, defensor del pueblo, detalla algunos de esos 15 casos de presuntos malos tratos policiales, que han sido investigados por la Administración a instancias de la citada institución.Uno de ellos hace referencia a un supuesto miembro de Terra Lliure, al que le fue aplicada la legislación Antiterrorista. Su esposa denunció malos tratos al ser detenido en Barcelona por la Guardia Civil. La Administración afirmó que el trato fue correcto, "tal y como se acredita por los certificados médicos emitidos".

Otro ciudadano denunciaba haber sufrido malos tratos en la comisaría de Gijón. El policía que le maltrató supuestamente alegó que el detenido estaba borracho y se resistió a ser arrestado. "No obstante, se comprobó que no se le había practicado la prueba de alcoholemia, iniciativa que parece indicada cuando se imputa a una persona estado de embriaguez. También se constató la existencia de partes médicos que avalaban la afirmación del ciudadano de posible violencia física en su persona".

"En este caso, y en otros tramitados, se comprobó que algunos policías, en descargo de las denuncias que se hacen contra ellos, denuncian a su vez al ciudadano por resistencia, manifestando que les han inferido diversos insultos", indica el Defensor del Pueblo. De añadidura, "los presuntos malos tratos se originaron cuando esta persona estaba en comisaría, donde en caso de resistencia del detenido, existen otros medios y no la violencia para su tratamiento".

Expediente archivado

El expediente al policía de Gijón se archivó tras sobreseerse la diligencias judiciales, pero el comisario-jefe "ordenó al funcionario policial la corrección de su comportamiento en futuras actuaciones análogas".

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Otro caso es el de un adolescente sufrió presuntamente malos tratos policiales cuando se manifestaba en Barcelona. La Administración replicó al Defensor del Pueblo que "las lesiones apreciadas a este menor fueron debidas a la resistencia que opuso al ser detenido en la manifestación de referencia, de signo independentista y violenta". Las diligencias judiciales fueron sobreseídas.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid fueron denunciados por presuntos malos tratos en una intervención en Argüelles. El detenido sufría rotura de nariz, derrame en los ojos y contusiones en el cuerpo.

En este expediente, que sigue abierto, "preocupaba a esta institución la posible utilización desmedida de los sprays por parte de agentes fuera de los casos en que está indicado el uso de este arma (delincuentes violentos o enajenados mentales)". La Policía Municipal madrileña es objeto de otras dos investigaciones del Defensor por presuntos malos tratos.

Las denuncias incluyen malos tratos policiales a un ciudadano cuando votaba en las elecciones autonómicas de 1988 en Cataluña. El informe señala que "se continúan recibiendo quejas sobre trato no correcto de algunos agentes, en el trámite de presentación de denuncia en comisarías".

Tratos degradantes

"Otros ciudadanos presentan quejas de haber sido obligados a desnudarse en comisarías u otras dependencias policiales tras ser detenidos". El Defensor ha reclamado a Interior poner coto a esta práctica "degradante". Esta institución también ha tramitado denuncias de cacheos abusivos en bares a clientes, a los que, de añadidura, se obliga "de manera compulsiva a desalojar el local cuando existe una infracción de horario". "Se ha recordado a la autoridad competente que estas medidas compulsivas y coercitivas no pueden seguirse contra los clientes, debiéndose iniciar, por el contrario, el cauce administrativo de denuncia contra aquel establecimiento".

La memoria explica que, a raíz de un incidente, se reiteró la obligación de las comisarías de dar la documentación que requiera esta institución.

Detención de fin de semana

F. M., La Memoria del Defensor del Pueblo de 1988 también señala detenciones injustificadas que, en ocasiones, se deben a que "algunas órdenes de busca y captura dictadas por jueces aún no han sido canceladas, no obstante haber desaparecido los motivos que dieron lugar a aquéllas". "Esta circunstancia es particularmente grave los fines de semana por cuanto la persona permanece detenida hasta el lunes en que se comprueba el error padecido".

Y también se denuncia la práctica de una comandancia de la guardia civil de hacer la ficha policial y establecer antecedentes antes de poner el detenido a disposición judicial.

La memoria alude, igualmente, a deficiencias en el traslado de los presos en vehículos que no reúnen suficientes condiciones de ventilación, higiene y espacio.

El Defensor del Pueblo inició una investigación, continuada por la fiscalía, por una presunta violación, por varios internos, de una presa durante una conducción en un furgón. Aunque las denuncias por malos tratos a presos han disminuido, no faltan quejas por "uso abusivo de medios coercitivos reglamentarios como sprays y gomas".

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