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Un juez de Córdoba abre diligencias contra altos cargos de la Junta de Andalucía

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba, Marcos Antonio Blanco Leira, ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado contra el presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) Francisco Vázquez Sall, y el delegado de Gobernación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Pedro Rodríguez Cantero, por el presunto delito de haber impedido el ejercicio de los derechos cívicos del presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas de Córdoba, Alfredo Moreno Juliá. La misma inculpación alcanza al ex presidente del IARA, José Marria Sumpsi, y al ex jefe de la delegación del IVIDA en Córdoba, Luis Candel.Según la querella presentada, Luis Candel relevó al ingeniero técnico Alfredo Moreno de su puesto en el departamento de Auxilios Económicos del IVIDA en 1981 -sección dedicada a informar las peticiones de ayudas económicas de los agricultores para obras de transformación y mejora de sus explotaciones- y formuló denuncia contra él, que condujo a la incoación de un expediente disciplinario por haber exigido, así como otros compañeros, "suscribir con su firma los trabajos realizados en el desempeño de su misión profesional".

Moreno Juliá, funcionario del Ministerio de Agricultura desde 1956, mantenía que la legislación y lajurisprudencia habían dejado claras y explícitas las facultades de los ingenierios técnicos y, entre ellas, las de firmar sus propios trabajos.

La querella presentada contra Pedro Rodríguez Cantero se hace en base a que éste desempeñó con anterioridad la dirección de la delegación del IARA en esta provincia. En la misma se explica que Rodríguez Cantero vejó con su actitud a Moreno Juliá al designarle un despacho impropio de su categoría y antigüedad como funcionario y también incapaz para el desarrollo normal de su trabajo, y al elevar una denuncia ante la presidencia del IARA, que motivó la incoación de un segundo expediente, cuya resolución fue la suspensión de sus funciones durante un tiempo.

Asimismo, el juez inculpa al anterior y al actual presidente del IARA, José María Sumpsi y Francisco Vázquez Sell, respectivamente, por haber dictado las resoluciones contra Moreno Juliá que concluyeron con la suspensión provisional de las funciones del ingeniero técnico.

En la querella se indica que las argumentaciones del funcionario Moreno Juliá no fueron tenidas en cuenta por sus superiores a la hora de dictar la resolución sancionadora, "sino que tan sólo han procurado castigar su osadía al intentar defender su honor y su dignidad ultrajadas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de abril de 1989