Toque de queda Tiflis, capital de Georgia

EFE / AFPDieciséis muertos y 100 heridos es el resultado de la represión en Tiffis, capital de Georgia, de una manifestación nacionalista por parte de las fuerzas de seguridad, según un comunicado difundido ayer al mediodía por la televisión local y confirmada por Gruzinform, la agencia oficial de noticias de esa república soviética transcaucásica, y por Tass. Fuentes nacionalistas consultadas por teléfono indicaron, sin embargo, que el número de víctimas es muy superior y que se han producido numerosas detenciones. El toque de queda ha sido decretado en Tiflis.

Según fuentes nacionalistas, los incidentes se produjeron cuando, a las cuatro de la mañana de ayer (medianoche del sábado, hora peninsular española) las tropas especiales del Ministerio del Interior llegadas el día anterior a Georgia cargaron contra miles de personas que se congregaban frente al edificio del Gobierno, junto a los huelguistas de hambre que desde hace cuatro días piden la independencia de esta república de la Unión Soviética.El periodista Gorelov, de Gruzinform, dijo que cuatro de los 100 heridos que se encuentran hospitalizados están en estado "muy grave", y negó que los muertos y heridos sean por armas de fuego o por el aplastamiento de los carros blindados que irrumpieron en la zona de la concentración, sino que, dijo, fueron el producto de enfrentamientos y del uso de porras. Fuentes nacionalistas indicaron que las tropas emplearon porras metálicas y gases lacrimógenos.

Entre 8.000 y 10.000 personas se habían congregado frente a la Casa de Gobierno, en el centro de Tiflis, para expresar su solidaridad con varios huelguistas de hambre que desde hacía cuatro días exigían la separación de Georgia de la Unión Soviética y que, según Gorelov, gritaban "consignas antisoviéticas" cuando irrumpieron las fuerzas del orden.

Enfrentamientos nocturnos

Entre las tres y las cuatro de la madrugada de ayer, carros de combate y tropas antidisturbios rompieron el cerco de barricadas levantadas por los manifestantes en tomo a la plaza, mientras que de la Casa de Gobierno salían patrullas especiales de la policía georgiana que, según algunos testigos, arremetieron con porras y gases lacrimógenos contra la multitud, mientras que, según otros, se interpusieron entre los soldados y los manifestantes.

La madre de Irina Sarishvili, una militante nacionalista, asegura que aproximadamente a las cinco de la madrugada acudió al hospital central para buscar a su hija, y que allí ya se había recibido a unos 300 heridos. Irina volvió a su casa tras encontrar a su madre pero, pocas horas después soldados, armados con metralletas y porras, irrumpieron en su domicilio y se la llevaron detenida, según explicó su madre.

El dirigente nacionalista Georgi Chanturia también fue detenido, según informaron sus parientes, así como la madre de Irina Sarishvili.

En estos momentos, todo el centro de Tbilisi está controlado por las tropas, que tienen por cuartel general el estadio Dinamo de esa capital. Los carros de combate vigilan cada esquina de la avenida central Shota Rustaveli y todos los accesos a la plaza frente a los edificios del Gobierno y del Comité Central del Partido Comunista de Georgia.

Según Gorelov, pese a la toma del centro de la ciudad por las tropas y vehículos blindados de las fuerzas de orden, en distintas partes de la ciudad continúan los mítines de miles de personas.

Las conmociones nacionalistas volvieron a brotar en el Cáucaso después de que una asamblea multitudinaria celebrada el 18 de marzo en el poblado de Lyjny, de la república autónoma de Abjasia, integrada en la de Georgia, reclamase el estatuto de república federada, como el de las 15 repúblicas que integran la URSS, lo que a su vez desencadenó el nacionalismo georgiano.

Coincidiendo con este rebrote de violencia nacionalista, el Presidium del Soviet Supremo soviético aprobó el sábado un decreto que incluye entre los "crímenes contra el Estado" los actos "cometidos en grupo" de incitación a la hostilidad inter-étnica. El decreto prevé penas de tres años de prisión para los que hagan llamamientos públicos contra la integridad del Estado, cinco años para actos violentos contra individuos a causa de su nacionalidad y hasta 10 años de prisión si los delitos son cometidos por orden de alguna organización extranjera.