Chaves negociará con la oposición el Consejo Económico y Social, que se creará por ley

El ministro de Trabajo iniciará la próxima semana una ronda de consultas con los grupos parlamentarios para conocer sus propuestas para crear el Consejo Económico y Social, que el Gobierno ha decidido aprobar por ley y no por decreto, como hasta ahora defendía. El proceso de negociación será similar al seguido en el decreto-ley de medidas sociales, que ayer se convalidó en el Congreso con el apoyo del Grupo Socialista, PP, PNV, Minoría Catalana y la Agrupación Canaria.

El responsable del departamento de Trabajo, Manuel Chaves, tiene previsto iniciar la semana próxima una serie de reuniones con los grupos parlamentarios para recoger sus criterios en torno a la creación del Consejo Económico y Social (CES), que el Gobierno no ha logrado consensuar con los sindicatos ni con la patronal CEOE. El CES se creará mediante una norma con rango de ley y no por decreto como era hasta ahora el propósito del Gobierno.

Medidas de empleo

El Ejecutivo llevará también al Parlamento las medidas de empleo, haya o no acuerdo en la mesa de concertación abierta con las centrales y los empresarios, según anunció ayer ante el pleno de la Cámara Baja el ministro de Trabajo.El Congreso convalidó en la misma sesión el decreto-ley de medidas sociales, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, y que ha sido apoyado por los diputados socialistas y los grupos de la derecha PP, Minoría Catalana, PNV y Agrupación Independiente Canaria. El CDS se abstuvo y votaron en contra Izquierda Unida, Euskadiko Esquerra y Eusko Alkartasuna.

El portavoz del PP, José Antonio Segurado, antiguo dirigente empresarial, justificó su voto afirmativo como "un ejercicio de coherencia y responsabilidad". Previamente puso cuatro condiciones para apoyar el decreto que fueron aceptadas por Chaves y que consisten en que la reasignación presupuestaria se hará desglosando los programas afectados; no se alterarán esos reajustes; si se recortan los gastos de inversiones a ellos irán destinados los eventuales aumentos de ingresos públicos; y se compensará el poder adquisitivo de pensionistas y funcionarios si hay un repunte inflacionista este año.

El CDS y los grupos que votaron en contra del decreto criticaron que el Gobierno ofreciera a los sindicatos 300.000 millones de pesetas y haya pedido el apoyo del Congreso para aprobar unas medidas que cuestan 195.000 millones. Agustín Rodríguez Sahagún (CDS) preguntó al ministro si las necesidades que existían el pasado 7 de febrero ahora han desaparecido y Gerardo Iglesias (IU) lamentó que el Gobierno haya respondido a las peticiones de la huelga general "por decreto y estrechando antes lazos con la derecha para aguantar la presión social. Triste papel le dan ustedes al Parlamento".