Múgica anuncia el funcionamiento de los tribunales superiores para mayo

Enrique Múgica, ministro de Justicia, anunció ayer ante la correspondiente comisión del Senado la creación en mayo de los tribunales superiores de justicia y de 128 juzgados de lo pena¡ en septiembre. La oposición afirmó que estos últimos nacen saturados de asuntos y el Grupo Popular insistió en la politización de la justicia. El ministro afirmó que las insuficiencias serán corregidas cuando se confirmen y negó toda injerencia en la administración de jusiticia. Múgica admitió que hay una minoría de jueces "chapuceros".

Amparo Rubiales, portavoz del PSOE en la comisión de Justicia del Senado, echó un capote al ministro: "Las últimas sentencias confirman la independencia de los tribunales", ya que evidencian su falta de sintonía con los deseos del Gobierno. Y, en ese sentido, citó la absolución de Lola Flores, la exculpación de una violación en Pontevedra y la justificación del acoso sexual a una joven por usar minifalda. En este contexto, Múgica resaltó que entre los jueces, como en cualquier profesión, hay una minoría de "chapuceros".Múgica proclamó que desde 1985, merced al PSOE, "la administración de justicia española ha sufrido transformaciones más cuantiosas y profundas que las experimentadas en los 100 años precedentes", aunque no ocultó sus "insatisfacciones" por las insuficiencias que aún gravitan.

El ministro auguró, sin embargo, "molestias y dificultades pasajeras" para los usuarios y administradores de la justicia derivadas de las reformas emprendidas. Confió en que la creación de los juzgados de lo pena¡ no sólo garanticen el requisito constitucional de que el mismo juez no instruya y sentencie, sino que se agilice la administración de justicia.

Anunció que funcionarán a mediados de septiembre 128 juzgados de lo penal, que suponen el 90% de los que prevé la ley de Demarcación y Planta. En la última semana del próximo mayo, indicó Múgica, se constituirán los Tribunales Superiores de Justicia y desaparecerán las Audiencias Territoriales y el Tribunal Central de Trabajo. El tercer reto inmediato es la conversión a finales de año del 73% de los 847 juzgados de distrito en juzgados de primera instancia e instrucción, la mutación de otro 18% en juzgados de paz, y la supresión del 9% restante.

Los incrementos previstos de plantilla inmediatos son de 227 nuevas plazas de jueces y magistrados, 150 de fiscales, 169 de secretarios y 4.000 de oficiales, auxiliares y agentes.

Múgica apuntó la imposibilidad de que esté concluida en esta legislatura la reforma del Código penal. Juan José Otamendi, de CDS, aludió tanto a un déficit de un 20% de juzgados de lo penal como a la falta de preparación entre quienes administran justicia.

Antonio Pillado, del Grupo Popular, manifestó que las reformas emprendidas por el PSOE habían ensombrecido la justicia ante la falta de medios para llevarlas a cabo y habían significado una "merma de las garantías del justiciable". Distintos correligionarios de Pillado abundaron en la politización de la justicia.