La ciudad es de todos

LA ESCASEZ y la carestía del suelo en las grandes ciudades, y por tanto los exorbitantes precios que han alcanzado las viviendas urbanas, plantea un grave problema político y social ante el que ningún gobernante o responsable público, sea cual sea su adscripción ideológica, puede quedarse con los brazos cruzados. Si no se actúa con rapidez la ciudad puede convertirse en feudo de unos pocos, quedar prohibida para los más y mostrarse, de hecho, como la expresión más odiosa y desabrida del segregacionismo y separatismo sociales. Una realidad así chocaría con importantes valores de la sociedad democrática y sería un obstáculo para la Integración social que es la base de la convivencia.La honda controversia que late tras este problema ha llegado envuelta entre los pliegues del ropaje jurídico ante los tribunales de justicia. El caso concreto ha sido la pugna surgida sobre la legalidad de las directrices del Planeamiento Territorial y Urbanístico y del Plan de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid. Pero la cuestión de fondo afecta por igual a todos los grandes núcleos urbanos, en los que el suelo urbanizable se ha convertido en un bien preciado y, por tanto, en instrumento apetecido para las transacciones especulativas y en acogedor refugio para el dinero negro. Se trata de determinar si los poderes públicos, de acuerdo con el actual ordenamiento, están legitimados para exigir a los propietarios del suelo urbano la cesión de una parte del mismo para la construcción de viviendas de protección oficial, más asequibles a la mayoría de la población tanto por su coste como por su financiación.

Sobre esta cuestión, que exigiría más bien una clarificación política y legislativa antes que judicial, los tribunales, incluido el Supremo, se han mostrado divididos. En una interpretación literal y restrictiva de la ley del Suelo, sobre la que seguramente planea una concepción preconstitucional del derecho de propiedad, algunos órganos judiciales mantienen que esta norma no autoriza a los poderes públicos a vincular una parte del suelo privado urbanizable a la edificabilidad de viviendas de protección oficial. Otra tesis judicial, sin embargo, avalada por el propio Tribunal Supremo en sentencia del 28 de marzo de 1988, defiende la validez a estos efectos de la legislación actual si se la relaciona, como es obligado, con los principios constitucionales rectores de la política social y económica: en concreto, con el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, con el deber de los poderes públicos de hacer efectivo este derecho y de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y con la obligada participación de toda la comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los organismos públicos.

En todo caso, y más allá del pronunciamiento de los tribunales, ningún gobernante responsable, en el ejercicio del poder o con expectativas de él, puede permanecer impasible ante una situación que hace prácticamente inalcanzable la propiedad de una vivienda a las nuevas generaciones de españoles. Cualquier Gobierno, sea cual sea su posición ideológica, está obligado a dar algún tipo de respuesta al problema humano de amplios sectores de población expulsados desde los centros urbanos a la periferia metropolitana y al problema político de segregación social que el actual movimiento especulativo inmobilario conlleva. Los mecanismos de mercado y la iniciativa privada se han mostrado incapaces -precisamente por estar basada su actividad en la búsqueda legítima del mayor beneficio- de acomodar su oferta a las distintas modalidades de demanda de vivienda por parte de la población. Por eso, nadie puede cuestionar que los poderes públicos, en aras del bien común y del interés social, arbitren las medidas necesarias para resolver una situación que afecta gravemente a muchos ciudadanos. Es una tarea que debe acometerse con suficiente cobertura legal, pero para la que se necesita, antes que nada, la clara determinación política de gobernar para la mayoría de la población.