El concejal de Calpe que rompa el pacto municipal deberá pagar 40 millones
MIGUEL ÁNGEL VILLENA La alcaldesa de Calpe (Alicante) la socialista Violeta Rivera, se comprometió en un documento notarial a indemnizar con 80 millones de pesetas a otros ocho concejales en el caso de que rompiera el pacto que permitió su elección tras los comicios municipales de 1987. Por su parte, otros ocho concejales del PSPV-PSOE, el Partido Popular, la Unión Valenciana y el CDS están obligados a pagar 40 millones de pesetas si vulneran el acuerdo.
Nueve concejales electos del Ayuntamiento de Calpe suscribieron el 29 de junio de 1987 un acta ante el notario de Alicante José Gabriel Grau Soto por la que se comprometen a mantener un pacto de Gobierno durante todo el mandato municipal. El acuerdo secreto, al que ha tenido acceso este diario, obliga a los ediles del PSPV-PSOE, Partido Popular, Unión Valenciana y el CDS a indemnizar con 40 millones al resto de compañeros de coalición en el supuesto de una ruptura del pacto. En el caso de la alcaldesa, la cantidad se eleva a 80 millones.En el documento notarial los firmantes se comprometen a "no propiciar, apoyar, votar o permitir voto o moción de censura contra dicha alcaldesa durante el período para el que han resultado elegidos o se encontraren incorporados a la política activa". Si alguno de los comparecientes incumpliera el pacto, el resto podrá "ejercitar acción judicial y reclamación de cantidad a fin de obtener el cobro efectivo de la garantía pactada".
La alcaldesa de Calpe confirmó ayer a este diario la existencia del documento, pero agregó que no había - leído el texto antes de firmarlo. Sobre las cantidades fijadas como fianza, Violeta Rivera apostilló: "No puedo ni confirmar ni desmentir ese extremo". En opinión de la alcaldesa, que reconoció que el pacto de gobierno en Calpe es "un poco raro", no era necesario haber suscrito un documento ante notario.
"Pero", agregó, "creímos conveniente hacerlo así para asegurar la estabilidad municipal". Rivera admitió que unos partidos no se fiaban mucho de los otros y subrayó que ella aceptó la alcaldía por "disciplina de partido". Antes de señalar que no deseaba hablar más del asunto por teléfono, la alcaldesa calificó de "positivo" el desarrollo del acuerdo.
Por su parte, el secretario de política institucional del PSPV-PSOE y concejal del Ayuntamiento de Valencia, Joan Ballester, señaló ayer que desconocía la existencia del documento, si bien reconoció que el pacto con el PP, Unión Valenciana y el CDS se había realizado con la autorización de la dirección del partido. El mantenimiento de la estabilidad municipal, basada en los partidos frente a la presencia de dos listas independientes, fue la razón esgrimida ayer por Ballester para justificar el pacto.
El portavoz popular y delegado de Hacienda de Calpe, Jaime Vives, manifestó ayer que había firmado el documento sin leerlo. Vives se negó a facilitar más detalles.
Con los intereses turísticos al fondo
"Prefiero no saber nada del tema. En este tipo de cuestiones, si sabes algo, al final te toca acudir al juzgado de guardia". Estas manifestaciones de un alto cargo del PSPV-PSOE, que ayer prefirió no revelar su identidad, resumen la actitud que la dirección del partido ha mantenido frente a la peculiar y extraña situación de Calpe.Con una población de unos 10.000 habitantes, que se ve notablemente incrementada en los meses de verano, y con un término municipal salpicado de urbanizaciones, hoteles y apartamentos, Calpe responde al retrato de esos municipios costeros, donde los intereses inmobiliarios y turísticos pesan más que cualquier otra consideración. Cruces de acusaciones, enfrentamientos internos de partidos políticos, pactos contra natura y miles de millones de pesetas en juego marcan el desarrollo de un municipio como Calpe que hace apenas 20 años era un tranquilo pueblo de pescadores en la costa de Alicante. Las disputas municipales en torno al modelo de crecimiento han obligado a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes a tramitar directamente el Plan General de Ordenación Urbana de la población.
El intento de frenar a los independientes, que sumaron ocho concejales, repartidos en dos listas, en las elecciones municipales de 1987, fue la razón aducida por cuatro partidos para firmar un pacto ante notario e incluir unas altísimas cantidades en concepto de indemnización si el acuerdo se rompía. El PSPV-PSOE logré cuatro concejales; el PP, tres; la derecha regional Unión Valenciana, dos; y el, CDS, uno. La socialista Violeta Rivera desempeña la alcaldía, mientras que el concejal de Unión Valenciana Pedro Crespo se encarga del área de Urbanismo y el popular Jaime Vives ocupa la delegación de Hacienda.
Fuentes jurídicas indicaron ayer que el pacto de Calpe es ¡legal, si bien matizaron que resulta difícil determinar en qué tipo de delito incurre.
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