Unos 700.000 ancianos y minusválidos cobrarán las futuras pensiones no contributivas

La ley de pensiones no contributivas que prepara el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social afectará a 700.000 ancianos y minusválidos, 200.000 de los cuales no cobran ahora ningún tipo de prestación. A los 500.000 restantes, que ya reciben pensiones de beneficencia o asistenciales, además de la prestación económica se les reconocerá el derecho a las ayudas médico-farmacéuticas y a la asistencia social. U cuantía de las futuras pensiones será en un principio equivalente al 50% del salario mínimo, ahora estipulado en 46.680 pesetas.

La futura ley pretende acabar con las situaciones de indigencia en dos colectivos importantes: los ancianos y los minusválidos. A los primeros se les exigirá tener más de 65 años y a los segundos padecer una incapacidad que les impida trabajar y una edad superior a los 18 años. En los dos casos se trata de personas que no pueden trabajar o, habiéndolo hecho, no han cotizado a la Seguridad Social los períodos de tiempo suficientes para tener una prestación contributiva.El borrador de ley de pensiones no contributivas está casi ultimado y se quiere cerrar el anteproyecto en un plazo de tiempo inferior a un mes o mes y medio, para posteriormente ser remitido al Parlamento, de forma que pueda entrar en vigor a finales de este año.

La prestación tendrá distinta cuantía según la dimensión de la unidad familiar y la renta estará distribuida por cada componente de la familia.

La cuantía se situará en torno al 50% del salario mínimo interprofesional, estipulado ahora en 46.680 pesetas mensuales, aunque la cantidad definitiva será fijada en Consejo de Ministros. También el Gobierno debe determinar todavía las rentas máximas que se exigirán a los beneficiarios y de momento la hipótesis que se maneja es que tendrán derecho los ancianos y minusválidos con ingresos anuales inferiores a las 325.000 pesetas, ya sean provenientes de rentas de patrimonio, personales o de capital.

Derecho constitucional

Se trata del reconocimiento de un derecho subjetivo en desarrollo del artículo 41 de la Constitución. Los beneficiarios serán los ciudadanos españoles en situación de necesidad que no han trabajado o no han cotizado los años suficientes a la Seguridad Social para recibir una pensión contributiva.

La diferencia con las actuales pensiones asistenciales o de beneficencia radica en que éstas se conceden con carácter graciable y cuando no hay ningún familiar, con parentesco de primer grado, que en teoría pueda pasar la llamada "ayuda de alimentos", aunque en la realidad no lo haga. Con la nueva ley, además de reconocerse el derecho subjetivo, sólo se computarán las rentas de los familiares en los casos en que elanciano conviva con hijos que no tengan descendientes a su cargo.

El reconocimiento de la pensión no contributiva conlleva el derecho a todos los servicios de la Seguridad Social -atención hospitalaria, prestación médico-farmacéutica, residencias de la tercera edad y otros servicios sociales-.

En los estudios previos a la elaboración de la ley se ha calculado en 700.000 las personas que se van a ver beneficiadas. De ese colectivo, 200.000 ancianos -la mayor parte, mujeres-, no reciben en la actualidad ninguna prestación y son las personas a las que se les ha denegado la pensión asistencial por tenei familiares directos. Los otros 500.000 beneficiarios son los que ahora cobran las pensione, del Fondo de Acción Social (FAS) y de la ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), quienes además de la prestación económica recibirán el resto de los servicios de la Seguridad Social.

Las prestaciones no contributivas serán incompatibles con otras pensiones de la Seguridad Social y a los actuales beneficiario; de las ayudas FAS y LISMI se les dará opción para acogerse a la nueva ley.