El dilema de los socialistas
NiCOLÁS REDONDO ha dicho que el PSOE ha perdido ya cuatro millones de votos. Se trata, naturalmente, de una opinión, no de un dato. Pero si fuera esto último, quedaría abierto el debate sobre los papeles respectivos que el sindicato liderado por el propio Redondo y el Gobierno al que dirige sus reproches han podido desempeñar en esa pérdida. La polémica, que no podrá zanjarse con una conclusión inequívoca, se plantearía en los siguientes términos. Para unos, el desplazamiento del Gobierno hacia la derecha habría provocado el alejamiento de su base socia] natural; el divorcio de la UGT sería una de las consecuencias naturales de ese alejamiento. Para los otros, la renuncia del sindicato a uno de los dos rasgos de su identidad -su condición de componente del proyecto político socialista- habría deslegitimado al Gobierno, provocando el desconcierto, primero, y el alejamiento, después, de los sectores sociales que habían apoyado en 1982 el modelo reformista moderado propuesto por el PSOE.Si se parte de los 10 millones de votos, es evidente que entre ellos figuran los de sectores de las clases medias urbanas poco o nada identificados con las reivindicaciones sindicales estrictas. Su apoyo al PSOE se debió, en medida seguramente no desdeñable, al papel que otorgaban a la relación privilegiada de ese partido con el más potente sindicato de clase como garantía de paz social. Dicha estabilidad se había convertido en un bien especialmente apreciable para esas clases medias en el período de ajuste económico que se iniciaba. Si esa relación privilegiada se quiebra, e incluso se convierte en su contrario por factores pasionales propios de toda ruptura familiar, las clases medias podrán atender a otras consideraciones a la hora de emitir su voto. Por ejemplo, según confirma la experiencia internacional, a la fiscalidad y la calidad de los servicios públicos (factores claramente interrelacionados en la percepción de esos sectores). Así se produce la paradoja de que el mantenimiento del apoyo de la base obrera -cI, más específicamente, de los sindicatos- se convierte en condicionamiento para la ampliación hacia el centro del electorado socialista. Una primera conclusión sería que no es cierto que el PSOE pueda aspirar a mantener la mayoría desplazando hacia la derecha el centro de gravedad de su política; ello podría darse únicamente si la descomposición del centro-derecha fuera extrema. Esta situación pudo darse hace unos meses, pero -segunda paradoja- la propia deslegitimación por su izquierda del proyecto socialista con la huelga de diciembre ayudó a los conservadores a renacer de sus cenizas.
Así las cosas, parece evidente que la apertura de un debate orientado a redefinir las relaciones Gobierno-partido-sindicato es una necesidad vital para los socialistas. Ello implica, en primer lugar, renunciar a las explicaciones meramente psicológicas de lo ocurrido. Sin despreciar el indudable papel desempeñado por factores de este tipo (con responsabilidades repartidas), hoy más bien parece que existían razones objetivas que empujaban hacia la ruptura, y que ha sido la ausencia de un elemento de mediación, el partido, lo que ha acelerado el proceso. La cuestión central es la de plantearse el sentido de un proyecto socialista autónomo -diferente, por tanto, al modelo francés de unión de la izquierda- cuando no sólo no se cuenta con la complicidad sindical, sino que se cuenta con su hostilidad. Ésa viene a ser, al margen de la opinión que merezcan sus valoraciones concretas, la cuestión suscitada por el documento de los críticos. El que Felipe González haya respondido de manera moderada y pacificadora a la iniciativa de éstos, y que la dirección del PSOE haya aceptado la propuesta de un debate a fondo en el comité federal, parece indicar que en la cúpula socialista se abren paso consideraciones más racionales que las pasionales que siguieron a la ruptura.
