El Gobierno cree justa la condena de un año de destierro impuesta a un dirigente vecinal
El Gobierno considera necesaria en una sociedad democrática, "para la defensa del orden o de la reputación de los demás", la pena de un año de el destierro que el Tribunal Supremo impuso al ciudadano de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) José Pitarque Nájeros, presidente de una asociación de vecinos, por llarnar "cuervo subastero" a un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona. La pena debería cumplirse a 100 kilómetros de distancia del domicilie, del condenado.El Ejecutivo sostiene que dicha pena "es proporcional a la gravedad de la injuria proferida" en las respuestas remitidas al Tribunal de Estrasburgo sobre la causa Pitarque contra España.
El Gobierno confirma su coincidencia con las razones que llevaron primero al Tribunal Supremo y después al Tribunal Constitucional, en sendas sentencias, a condenar a Pitarque por considerarlo culpable de un delito de injuria.
Al dictar la sentencia, ajuicio del Gobierno, los tribunales españoles actuaron "con ponderación y razonablemente" e impusieron "la pena mínima proporcional a la infracción cometida".
Pitarque recurrió al Tribunal de Estrasburgo una vez agotadas las instancias judiciales españolas. En diciembre de 1987 cursó una demanda en la que imputa al Estado la violación de derechos constitucionales (presunción de inocencia, libertad de expresión y de asociación). En las respuestas del Gobierno tales acusaciones "son manifiestamente infundadas" y solicita que sea declarada inadmisible la demanda.
