Vender la piel

El Gobierno tramitó hace escasos días a Bruselas una propuesta de la Generalitat valenciana, en el sentido de que la zona (le Vall d'Uixó y su entorno -cuyo nivel de empleo depende en buena parte de Industrias Mediterráneas de la Piel, SA (Imepiel)- sea clasificada como zona de promoción económica por el sistema de incentivos regionales. Se trata de amortiguar los efectos de la liquidación de la antigua fábrica de calzados Segarra, propiedad del Patrimonio del Estado, que el Gobierno desea vender a toda costa. La operación es contestada en la calle por los trabajadores.

El jueves pasado, el comité de empresa de Imepiel planificó un nuevo calendario de movilizaciones, tras las protestas realizadas días atrás por la anunciada venta de la empresa y la supresión de 900 de los 1.463 empleados que componen su plantilla y que se oponen a que la empresa deje de pertenecer al sector público. Entre tanto, el Gobierno parece haber aceptado tina propuesta de la Generalitat para introducir cambios en el actual modelo industrial de la zona y diversificar el tejido productivo.Hace menos de 15 días, el Ministerio de Economía y Hacienda remitió a Bruselas la solicitud de calificación de esta comarca como zona promocionable por el sistema de incentivos regionales, de forma que la implantación de nuevas empresas cuente con subvenciones de hasta el 30% del coste de la inversión. Se trata, según el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Antoni Birlanga, "de amortiguar la bolsa de paro existente en la comarca de Vall d'Uixó, población de Castellón con 27.000 habitantes, y de hacer frente a los eventuales efectos que puede tener el ajuste de Imepiel, aun teniendo en cuenta que la empresa y la Dirección General del Patrimonio pretenden conducir un proceso de reconversión interna no traumática".

Las actuaciones propuestas por el Gobierno autónomo, destinadas a crear entre 500 y 1.000 nuevos empleos, requieren de inversiones que alcanzarían desde un mínimo de 10.750 millones de pesetas hasta algo más de 15.000 millones. Estas cifras se traducen en una media de cinco millones de pesetas por puesto de trabajo en pequeñas empresas, 10 millones en el caso de industrias me dianas y 30 millones si se trata d grandes empresas, según un estudio realizado por la Consejería de Trabajo.

Mientras tanto, cinco grupos empresariales, tres de ellos ex tranjeros, han expresado su interés en adquirir total o parcial mente la factoría (el núcleo pro ductivo de Imepiel, un complejo de más de 200.000 metros cuadrados, está formado por las divisiones de calzado, cuero y goma), y han presentado ofertas al Patrimonio a través de una empresa intermediaria. Fuentes de la Administración, que no quieren revelar datos más concretos, señalan que las demandas de estos grupos "son excesivas tanto por lo que respecta a su oferta de compra como por las compensaciones que reclaman".

Apoyos políticos

En el aspecto político, sólo e Ayuntamiento de Vall d'Uixó, de mayoría comunista, e Izquierda Unida dan soporte a las reivindicaciones sindicales, en el sentido de reclarnar la continuidad de Imepiel como empresa pública integral y dedicada a su actual actividad. Los otros partidos con representación en el Parlamento autónomo -donde se ha debatido varias veces la situación de la factoría- han expresado una postura favorable a la conservación de los puestos de trabajo. Los mismos representantes del comité, tras una reciente entrevista con el presidente de la Generalitat, Joan Lerma, no vieron con malos ojos las gestiones del Consell, encaminadas a diversificar la oferta industrial.

Las actuaciones propuestas por Hacienda y Trabajo que en algún momento ha interferido al primero en sus gestiones ante la Dirección General de Incentivos Regionales- se refieren "al acceso preferente a los créditos oficiales; subvenciones directas en función del importe de las in versiones fijas y apoyo a los planes de formación y a las empre sas que se acojan a este plan". El hecho de que el País Valenciano esté considerado como "zona objetivo 1" por la CE podría facilitar la autorización de Bruselas al plan propuesto por la Generalitat y tramitado por el Gobierno.

Imepiel, que mantiene unas pérdidas superiores a los 2.000 millones de pesetas anuales, ha financiado su deuda en los últimos años mediante subvenciones del Estado. Hace poco más de un año, Patrimonio elaboró un plan estratégico a tres años con el objetivo de "lograr una adecuación de la empresa a los sectores del mercado donde desarrolla su actividad y reducir radicalmente su actual nivel de pérdidas", informó Birlanga.

Sin embargo, este plan se vio truncado cuando en junio de ese mismo año la Comisión de la CE requirió información sobre la ampliación de capital de 1.400 millones de pesetas desembolsados por el Estado a la sociedad. Bruselas entendía que tales inversiones estaban prohibidas por el Tratado de Roma. El conseller de Hacienda ha informado que la CE "no sólo puede prohibir este mismo año las inversiones del Estado en Imepiel, sino incluso ordenar el reintegro de la aportación y desde luego impedir cualquier otra nueva inyección de fondos públicos".

La propuesta de clasificación como zona de promoción económica "con un techo de ayuda del 30%", fundamentada en su baja producción y renta, "con graves problemas de declive económico, paro y subempleo altos, baja productividad y decrecientes niveles de inversión", afectaría, caso de aprobarse, a los municipios de Vall d'Uixó, Nules, Almenara, Moncófar y Xilxes. Todos ellos representan el 11,3% de la población de la provincia. Se trata de un área en parte dedicada a la agricultura, basada en la producción de cítricos y amenazada por una progresiva salinización, y en parte industrial, aunque con una escasa diversificación en su tejido productivo.

Caída del empleo

El 66% del empleo industrial de la comarca depende hoy por hoy de Imepiel, factoría que desde 1983 ha disminuido progresivamente el número de trabajadores, si bien la caída del empleo se estabilizó en 1986 en torno a los 1.500 trabajadores. El extraordinario crecimiento de la antigua Segarra -cuya expropiación se consumó en 1986-, que en el anterior régimen generó en la zona un desarrollo hiperconcentrado, cuyo efecto multiplicador se vio limitado de forma casi exclusiva al propio municipio.

Por otra parte, la consecución de contratos como la fabricación de calzado destinado al Ejército holandés tampoco constituyen una solución, puesto que "no existe una política comercial definida", según denuncian los propios trabajadores. Un portavoz del comité afirmaba que se podrían fabricar "inás de 14.000 pares de zapatos y tener un mercado, y no es extraño encontrar en una nave a 400 trabajadores cruzados de brazos".