Sola ante el peligro

EN POCO más de dos meses, una funcionaria judicial de Barcelona ha sufrido la terrible experiencia de ser atacada sexualmente por unos individuos que, una vez puestos en libertad provisional tras el primer ataque, la volvieron a violar en venganza por la primera denuncia. Ya es bastante lamentable que la incongruente y desfasada legislación penal española para los supuestos de agresión sexual constituya una especie de prima para los reos de tan brutal y repulsiva agresión. Pero si, además, el mal funcionamiento de los servicios públicos -en este caso, la Administración de justicia- facilita que los culpables tengan la oportunidad de repetir su hazaña, la situación es doblemente grave. Peor aún: la deficiente normativa resulta especial

mente odiosa cuando es aplicada, además, por jueces que rezuman insultantes prejuicios sobre la condición femenina, como ha quedado de manifiesto en sentencias tan infumables como la de la minifalda o la que acaba de dictar la Audiencia de Pontevedra, que se atreve a negar que una mujer ha sido fórzada por que es casada y por presumir que lleva una. vida licenciosa al carecer de domicilio fijo y encorítrarse sola en una discoteca a altas horas de la noche.

Si todos los alegatos contra la violación y los delitos sexuales -que registran una alarmante progresión en nuestro país- no fueran suficiente argumento, el caso de la barcelonesa F. M. M. bastaría para revisar con carácter de urgencia la legislación aplicable, así como las medidas cautelares contra los acusados de tan repulsiva acción. Según ha denunciado públicamente la afectada, el juez que decretó en febrero la libertad provisional de sus agresores de diciembre no le notificó, como es legalmente preceptivo, su decisión, lo cual le impidió no sólo apelarla, sino, sobre todo, adoptar las medidas pertinentes para su seguridad personal. Si esta denuncia se confirma, no sólo pondría trágicamente al descubierto el burocratismo, la rutina y el desprecio por las garantías de la persona -delincuentes y víctimas- con que a veces se trabaja en los juzgados, sino la situación de desamparo en que queda el justiciable que sufre este tipo de actuaciones.

En situaciones como la sufrida por F. M. M. aparece claramente cómo la exigencia coactiva con que la Administración pública reclama a los particulares el cumplimiento de sus deberes no se corresponde con igual exigencia a la hora de cumplir los suyos y cómo los ciudadanos se encuentran prácticamente indefensos ante su incumplimiento. Pero este patente desequilibrio en la relación Estado-ciudadanos se agrava en el caso de algunos jueces, cuyos errores, abusos o actuaciones negligentes afectan precisamente a los derechos más elementales de la persona. A la consustancial independencia con que deben ejercer su poder debería añadirse cuanto antes un eficaz procedimiento mediante el cual el ciudadano pudiera exigir, como ya ocurre en otros países europeos, la pertinente responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados en el desempeño de sus funciones.

El drama vivido por F. M. M. pone al descubierto

la concepción discriminatoria y moralista que impregna la tipificación de las agresiones sexuales en el Código Penal, consideradas como delitos contra la honestidad o el honor en vez de contra la libertad de las personas. Ello permite que sólo la penetración vaginal sea considerada como delito de violación, mientras que el resto de vejaciones que conforman la panoplia de la agresión sexual es tipificado simplemente como abusos deshonestos. Esta distinción conduce a que la penetración esté castigada hasta con 20 años de cárcel, y el resto, sólo hasta con seis años, una pena que permite a sus autores librarse fácilmente de la prisión preventiva. Con una unificación penal de las agresiones sexuales -reclamada al Gobierno por el propio Tribunal Supremo- es más - que probable que los agresores de F. M. M. no hubieran dispuesto de una ocasión de vengarse de su víctima.