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Washington DC, en casa a las once

Toque de queda en la capital federal de EE UU para los jóvenes, ante la ola de criminalidad

El toque de queda para los menores de 18 años decretado con poderes de emergencia por el Ayuntamiento de Washington DC, convertida en la capital del crimen de EE UU, ha sido bien recibido por los jóvenes y por los padres en una ciudad cuya peligrosidad supera a Nueva York o Los Ángeles. Y es que los jóvenes están cayendo asesinados como moscas en una oleada de criminalidad, relacionada con la droga, que sólo en lo que va de año ha enterrado a 72 ciudadanos.

El año pasado hubo en Washington 372 homicidios, el 60% relacionados con estupefacientes, que, sin la presencia de las mafias colombianas o el crimen organizado -aquí todo es más artesanal-, se trafica en 80 mercadillos callejeros. A mediodía, por ejemplo, se puede adquirir crack a la puerta de la Embajada española, zona negra al borde del barrio hispano. La presencia de jóvenes en las ésquinas durante la noche y su utilización como correos por los traficantes les convierte a veces en blancos inesperados de fuego cruzado entre bandas rivales y frecuentes víctimas del crimen callejero.Sobre este fondo de violencia que avergüenza a una ciudad que vive del turismo y de una falsa imagen de Casa Blanca, Congreso, monumentos imperiales y museos, la propuesta de toque de queda del concejal Frank Smith, padre de una hija de 17 años y un hijo de 16, fue aprobada esta semana por unanimidad y a viva voz. Falta ahora que el alcalde, Marion Barry, un polémico político negro tan amante de las aventuras extramaritales como John Tower, y sobre el que pesan alegaciones de uso de droga y corrupción, firme la propuesta para que entre en vigor.

Protección a los menores

Al parecer, Barry duda y está sopesando la opinión profesional del jefe de Policía (4.080 agentes patrullan la ciudad), que tampoco tiene muy claro que lo mejor sea convertir las comisarías en guarderías juveniles. Pero la opinión pública está clamando por que se haga algo. Maurice Turner, jefe de la policía, prepara un plan extraordinario contra el crimen, con un redespliegue inmediato de policías sin darles el preaviso sindical de 28 días.

El toque de queda, que uno asocia con las guerras, disturbios civiles o posterremotos -estos días está vigente en las principales ciudades venezolanas-, sorprendentemente, es un arma que utilizan varías ciudades norteamericanas para proteger a sus ciudadanos menores de edad. En Los Ángeles, los menores de 18 años tienen las calles prohibidas desde las 10 de la noche hasta el amanecer, para controlar los sangrientos gangs. La policía de Los Ángeles dice que la medida le ayuda en la lucha contra estas violenta.s pandillas que se enfrentan a tiros.

En Eletroit, desbancada ahora por Washington DC como la capital del homicidio, también los menores tienen toque de queda, lo mismo que en Filadelfia. En esta última ciudad, el pasado año, se produjeron 12.960 violaciones de la queda.

Funcionarios de policía se manifestaron escépticos de la eficacia de la medida, que expiraría en 90 días si para entonces no se aprueba una ley permanente. Señalan que las edades medias de las víctimas de los criminales en Washington están por encima de los 18 años y que los agentes ya se ven actualmente desbordados de trabajo como para tener que recoger chavales por la calle. La principal organización de defensa de los derechos civiles, la American Civil Liberties Union (ACLU) -a la que pertenecía Dukakis, lo que dio munición a Bush para calificarle en las elecciones de peligroso liberal-, se opone al toque de queda.

La ACLU luchará por su veto y recurrirá a los tribunales si se convierte en ley. Castiga a los inocentes, y ya hay suficientes leyes para combatir la violencia y el narcotráfico, dice la ACLU, que defiende que es anticonstitucional. Esta ha sido, en varios casos, la opinión de los tribunales supremos de algunos Estados norteamericanos. Pero en otros han mantenido la legalídad de los toques de queda juveniles.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de marzo de 1989