Vigilar los fármacos
EN LAS últimas semanas han aflorado críticas hacia la gestión de los medicamentos por parte de la Administración pública española que han revelado la necesidad de revisarla. En los 10 últimos años se han retirado del mercado fármacos inadecuados, manifiestamente inútiles o simplemente peligrosos. Pero las alrededor de 10.000 presentaciones farmacéuticas -en su mayor parte, repeticiones- que todavía existen parecen excesivas. Cada año se registran decenas de nuevos fármacos, copias más caras de los viejos, cuya contribución más significativa es aumentar la confusión.No parece posible, en el contexto de la actual normativa comunitaria, implantar en España la exigencia de que el laboratorio demuestre la necesidad social del nuevo medicamento, como ocurre en Noruega. Pero, si el ideal no, es posible, deberían aplicarse al menos medidas que disminuyan el número de medicamentos a cifras más racionales y supriman los productos que no sirven para nada. Y, desde luego, medidas que eviten el uso inadecuado y el abuso de los fármacos. Porque algo no funciona en nuestro país cuando los medicamentos de eficacia más dudosa son precisamente algunos de los más recetados por la Seguridad Social. ¿Es realmente necesario que la Seguridad Social pague como medicamento eficaz lo que en la mayoría de los casos se receta como un simple placebo; es decir, un producto sin expectativa terapéutica?
La existencia, además, de medicamentos que tienen efectos adversos graves revela que tampoco funcionan en este país los necesarios mecanismos de vigilancia. El ministro de Sanidad reconoció hace poco que la fármacovigilancia no había avanzado suficientemente en España. Es urgente, pues, dotar a los ciudadanos españoles de una red nacional de farmacovigilancia que permita descubrir los,efectos adversos de los fármacos -a veces sólo perceptibles cuando se utilizan masivamente- y replantear tanto la función como la composición de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, que, por su cometido, no debe estar vinculada a los laboratorios, cuyos legítimos intereses pueden defenderse en otras instancias.
