Viejas recetas

Las conclusiones aprobadas por un centenar largo de mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, reunidos en diciembre pasado en Torrelodones (Madrid), no dejan de revelar, por más conocida que sea su música, la mentalidad que sigue dominando en estos niveles cualificados de las fuerzas de seguridad del Estado. Y esto es lo realmente preocupante: que la antigua cantinela autoritaria y represiva siga teniendo tan buenos intérpretes en plena vigencia del Estado democrático. En este cónclave se ha hecho un esfuerzo importante por parte de sus protagonistas por aunar criterios y por esbozar soluciones en todos los terrenos de la actividad policial.. Pero el resultado son recetas del pasado que se quieren reeditar en el presente, aumentadas si cabe y de ninguna manera corregidas; es decir, un producto que huele a rancio.Como sustrato de todas ellas se encuentra una idea de la disciplina que se confunde con el tradicional "ordeno y mando", totalmente inadecuada para aplicarla en el interior de una policía moderna y profesionalizada, y absolutamente aberrante si lo que se pretende es proyectarla sobre el conjunto ole la sociedad. La imaginación ha brillado por su ausencia y lo que se ha hecho simplemente es colocar una tras otra las fórmulas más duras y represivas con las que sueñan todos los autoritarismos. Juntas todas ellas forman uno de los resúmenes más completos que se conocen sobre esta filosofía política y, si se pusieran en práctica, lo que resultaría sería lisa y llanamente lo que se conoce como Estado policiaco.

Esto es lo que sucede cuando los policías, transgrediendo los límites de una reflexión centrada en cuestiones operativas y de organización en la lucha contra la delincuencia, se convierten en aprendices de políticos y legisladores. Los mandos policiales son los menos indicados -no representan a nadie y -su función exige el máximo alejamiento de pronunciamientos ideológicos y políticos- para aventurarse en unos terrenos que, en todo caso, sólo estarían legitimadas a transitar las organizaciones representativas de las fuerzas de seguridad. Incursiones así tienen el riesgo de proyectar sobre la sociedad en general una visión corporativista del orden público y de la seguridad ciudadana que se resume prácticamente en dos puntos: máxima seguridad jurídica para la función policial y máximo control y vigilancia de los ciudadanos, es decir, impunidad de hecho, por un lado, y reducción drástica de las garantías y de los derechos, por el otro. En definitiva, un programa que nada tiene que envidiar a los que la derecha más reaccionaria propugna -veáse el caso de Le Pen en Francia-, para mantener el orden y la seguridad. Esta concepción es particularmente patente en el ramillete de medidas que proponen para la cobertura legal de la actuación policial y alcanza su máxima expresión en el intento de introducir en el Código Penal una eximente específica -auténtica licencia para matar- denominada "legítima defensa social anticipada", con la que se ampararía globalmente -fueran cuales fueran las circunstancias y los efectos- el uso de las armas o de cualquier otro medio de coacción fisica por los agentes del orden.

Colaborar contra el delito

Pero esta misma concepción aparece también cuando se pretende que los jueces y el ministerio fiscal sean de hecho colaboradores de la policía en la lucha contra el delito. Es decir, justo lo contrario de lo que debe ser en un Estado fundamentado en el derecho. Así, se quiere que una reforma legal obligue al juez a decretar la prisión provisional del detenido en determinadas circunstancias y vincular más su decisión a los informes emitidos al respecto por la policía judicial. En cuanto al ministerio fiscal, se le concibe, más que como defensor de la legalidad, como intrumento que condicione el arbitrio judicial en las decisiones que efecten a la libertad del inculpado y a la progresión de los reclusos a la situación de régimen abierto. A ello se dirige el interés puesto en que el ministerio fiscal informe preceptivamente en cada una de estas circunstancias. La desconfianza ante el poder judicial se corresponde con el intento de hacer del ministerio fiscal filtro y valladar de su actuación.

En realidad, de toda la marafía de propuestas ideadas por los mandos policiales, las únicas salvables son justamente las que se refieren a la actuación estrictamente policial en la prevención y persecución de¡ delito y a la necesaria coordinación de los distintos organismos e instituciones que intervienen en esta tarea. Lo cual muestra lo bien fundado del dicho "zapatero, a tus zapatos". En todo los demás, lo que se revela es ante todo -y en contra de la bienintencionada interpretación que el ministro del Interior ha hecho de las conclusiones de sus jefes policiales- un interés desmedido en facilitar el trabajo de la policía a costa de disminuir las garantías legales y los derechos constitucionales del ciudadano y, en definitiva, la rememoranza inquietante de una concepción del orden público y de la seguridad ciudadana que nada tiene que ver con la que rige en la Constitución.