Toda la oposición respaldará a los sindicatos en el debate sobre el 'estado de la nación'

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han conseguido convencer a los grupos de la oposición en el Congreso de que el Gobierno es el culpable del fracaso de la concertación y de que ha contraído una "deuda social" con los más desfavorecidos. Toda la oposición expresará esta idea el próximo martes, día 14, en el debate sobre el estado de la nación y defenderá que las reivindicaciones sindicales pueden ser asumidas por el Ejecutivo. Mientras, el presidente del Gobierno, Felipe González, pretende evitar que el pleno se convierta en una sesión monográfica sobre la ruptura de la concertación. "El debate no puede centrarse sólo en las consecuencias del 14 de diciembre" afirmó, de manera tajante, un alto cargo de la Moncloa.

Dirigentes de las dos centrales reconocen que las reuniones que han mantenido en los últimos días con los grupos parlamentarios han surtido los efectos que ellos esperaban, a juzgar por la respuesta de los diputados. Tanto en UGT como en CC OO se alaba la receptividad de toda la oposición hacia sus posiciones.Para el Gobierno, el fracaso de las negociaciones con los sindicatos se compensa con otros elementos, en los que tiene mejor cubiertos los flancos. Así, el consenso básico sobre la lucha antiterrorista, las críticas parciales al modo en que se ha cerrado el debate sobre paz y seguridad y la escasa controversia sobre la Comunidad Europea permiten a Felipe González un balance más positivo.

El jefe del Ejecutivo dedicará una parte de su intervención en el debate a analizar "el conjunto de la política económica", y también pretende informar sobre la presidencia española de la CE, la lucha contra el terrorismo y el cumplimiento de los últimos puntos del decálogo sobre paz y seguridad. La acumulación en un solo debate de estas cuatro grandes cuestiones permite al presidente dar una idea de "globalidad" en la acción de gobierno.

Promesas incumplidas

A estas alturas, por otra parte, no se esperan ya grandes decisiones del Ejecutivo, que en buena lógica ha de reservar las medidas de mayor cuantía para el programa de la próxima legislatura. El Gobierno no ha cumplido cuatro puntos clave del programa electoral socialista en 1986: no se ha creado el Consejo Económico y Social, no se ha regulado el derecho de huelga, no se ha equiparado la pensión mínima al salario mínimo, ni se ha fortalecido la participación institucional de los sindicatos en la gestión de intereses y derechos que les afectan. Un paquete de promesas muy conectadas entre sí, cuya lógica interna ha saltado por los aires por el enfrentamiento con las centrales.

El Ejecutivo se plantea elaborar una ley de huelga en la actual legislatura, "que es una promesa de nuestro programa electoral de 1986", en palabras de un ministro. De otra parte, el presidente avanzó, en su conferencia de prensa del viernes, su voluntad de equiparar la pensión mínima al salario mínimo, mientras que el Gobierno mantiene congelado el decreto sobre el Consejo Económico y Social, desde que el proyecto correspondiente fuera paralizado por la Comisión de Subsecretarios, hace casi tres meses.

La oposición parte en el debate de la idea de comprensión de las posturas de los sindicatos, aunque Izquierda Unida y el CDS serán los únicos grupos que pedirán la dimisión de Felipe González. Los centristas, en concreto, abogarán por la disolución de las Cámaras.

El CDS quiere transmitir la impresión de que el debate delmartes se centrará en su líder, Adolfo Suárez, y en Felipe González, habida cuenta que tan sólo Suárez es candidato a la presidencia del Gobierno, pues el resto de los partidos tienen a sus candidatos fuera del Congreso, siempre según el mensaje que traslada el CDS.

Suárez no va a desdecirse de lo manifestado el pasado 21 de enero, cuando intervino en el debate sobre las consecuencias de la huelga del 14 de diciembre. El líder centrista dijo a González que modificara los Presupuestos Generales del Estado para atender las demandas sindicales y, si no, que convocara elecciones.

Otros grupos

Izquierda Unida ha esperado a que concluyesen oficialmente las negociaciones con los sindicatos para pedir a González su dimisión, aunque ya algunos se han adelantado a esa propuesta. El portavoz de la coalición en el debate, Gerardo Iglesias, no se alejará en su discurso un ápice de las tesis sindicales, según él mismo ha manifestado.

El representante del Grupo Popular en este pleno, Miguel Herrero, guarda celosamente el contendio de su discurso, y materialmente se ha encerrado en su domicilio para prepararlo en solitario. Otros dirigentes populares indicaron desconocer las líneas maestras de esa intervención, aunque no dudan que, al menos Manuel Fraga, tenga conocimiento de la misma.

Miquel Roca, portavoz de Minoría Catalana, ha permanecido en Barcelona en los últimos días para preparar su intervención, aunque con el apoyo de algunos colaboradores. Uno de ellos dijo a este periódico que su grupo es receptivo a las peticiones de los sindicatos y así lo expresarán. Roca recordará a Felipe González sus compromisos, como la cobertura de desempleo hasta un 48%. Roca se opondrá a la anticipación de las elecciones, al estimar que el problema sería el mismo porque los sindicatos seguirán con las mismas reivindicaciones.

Por contra, el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, se ha mostrado partidario del adelanto de las elecciones si se considera rota la paz social. "Si va a haber una escalada de confrontación y las elecciones al Parlamento de Europa van a provocar una gran abstención, no veríamos con malos ojos que se produjera una coincidencia de las dos convocatorias", dijo ayer Anasagasti en Bilbao, según informa . El portavoz peneuvista, según anteriores manifestaciones suyas, no ocultará en el debate la frustración de su partido por "la total indiferencia de Felipe González ante el proceso autonómico" y presentará un amplio paquete de resoluciones en relación con la presidencia de la CE.

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