El Gobierno cerrará el próximo martes la concertación social
El Gobierno celebrará el próximo martes la "reunión final" con los sindicatos para comprobar si aún existe alguna posibilidad de llegar a un acuerdo, según anunció ayer la portavoz del Ejecutivo, Rosa Conde, al término del Consejo de Ministros. Mientras, la tormenta monetaria que vive el país se tradujo en la elevación de un punto en el precio del dinero, mientras que la peseta volvía a ser víctima de presiones alcistas debidas al dinero especulativo llegado del exterior.Rosa Conde señaló ayer que el Gobierno acudirá a la "reunión final" de la concertación con dos premisas: que los sindicatos deben plantearse. el firmar acuerdo, parciales, y que, si no se llega a un acuerdo, sacarán "del cajón" el Plan de Empleo Juvenil. Por otro lado, el Ejecutivo recuerda que no se sentirá obligado a mantener su oferta -los 200.011 millones de pesetas ofrecidos para 1989, los 73.000 para 1990 y le 160.000 para la cobertura de desempleo- en las condiciones planteadas por los sindicatos, en caso de que no se llegue a producir el pacto. Las respuestas de los sindica tos fueron ayer unánimes al considerar que estas declaraciones son una 'provocación". Pero ambas centrales acudirán a la reunión.
Por otra parte, el Banco de España subió ayer el tipo de interés de los préstamos de regulación -dinero que presta al sistema bancario o para que éste cumpla con sus coeficientes- al 13,40%, desde el 12,40% anterior, en una medida ya descontada por el mercado, mientras un flujo de dinero extranje o caliente hacia la peseta hacía subir la divisa nacional ante el dólar hasta 117,546, frente a las 119,413 del jueves.
Los expertos consideran que el remedio monetario para la inflación ha sido una fórmula política para evitar incrementar la presión fiscal, puesto que la Administración anunció ayer oficialmente su decisión de aplicar una deflación del 4% en las retenciones del impuesto sobre la renta.
En el área de Economía se ha puesto en duda la eficacia de las medidas monetarias si por el lado fiscal se suelta la mano, ya que subir las retenciones significaría que la mayoría de los ciudadanos tendrían menos capacidad de compra, lo que reduciría el consumo.
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