Altos cargos vascos deberán devolver el dinero que cobraron tras su cese

Un dictamen del Tribunal Contencioso-administrativo de Pamplona obliga a tres ex directores generales de la Diputación de Guipúzcoa a devolver las cesantías que percibieron de ese mismo organismo provincial como prestación económica temporal tras el cese en sus cargos. El fallo, dictado el pasado 27 de enero, ratifica las alegaciones expuestas en el recurso presentado por Euskadiko Ezkerra (EE) y pone fin a una larga y agria polémica que en octubre último llevó al Parlamento vasco a regular por ley los criterios y supuestos administrativos que permiten el pago de este tipo de compensaciones económicas.

La ausencia de una normativa común al conjunto de la Administración vasca facilitó la adopción en cada organismo de criterios particulares -no siempre ajustados a derecho, como se ve ahora- y permitió acumular cesantías en breve plazo a los cargos de designación directa que ocuparon sucesivamente varios puestos dentro de los diferentes estamentos y entes administrativos. Las cesantías, concebidas como un cierto seguro de desempleo para compensar los perjuicios que puede suponer la reincorporación a una actividad profesional abandonada, parecían haberse convertido, en la práctica, en un sistema que primaba la movilidad dentro de la Administración.Los antiguos directores generales de la Diputación guipuzcoana que deberán devolver sus cesantías -cantidades que se sitúan en este caso entre las 800.000 y el millón de pesetas brutas- son Fernando Spagnolo, Eugenio Ibarzábal y Xabier Unzurrunzaga.

En el dictamen, dado a conocer ayer por el Diario Vasco de San Sebastián, el Tribunal de lo Contencioso-administrativo de Pamplona declara nulo de pleno derecho el acuerdo de noviembre del año 1984 que permitió el cobro de esas cesantías.

La Diputación de Guipúzcoa, que presidía por el actual presidente del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, fundamentó entonces su acuerdo en una interpretación extensiva del artículo 40 de la norma de gobierno que contemplaba el pago de cesantías al diputado general y al resto de los diputados forales.

Las cesantías cobradas por José Antonio Ardanza y por el entonces diputado foral José Ramón Estomba, posteriormente consejero de Obras Públicas del Gobierno vasco, no fueron recurridas, aunque sí denunciadas políticamente por Euskadiko Ezkerra.

Un portavoz de la Diputación anunció anoche que se apelará la sentencia de manera cautelar, a la espera de que el asunto se estudie en profundidad.