Un grave riesgo
LA DECISIÓN de elevar en 1,5 puntos el coeficiente de caja de las instituciones financieras y de exigir un depósito no remunerado del 30%. en el Banco de España a los receptores de créditos en moneda extranjera representa un giro importante en la política monetaria, cuyo carácter restrictivo se acentúa considerablemente. Estas medidas plantean un doble problema: el de su eventual necesidad y el de sus consecuencias.No puede decirse que las autoridades hayan sido demasiado explícitas en cuanto a los argumentos que han llevado al instituto emisor a la conclusión de que la economía española estaba creciendo por encima de sus posibilidades. Aparentemente, la tesis oficial en este punto consiste en afirmar que el crecimiento actual es superior al 5%, por encima del crecimiento potencial de la economía e incompatible con el equilibrio exterior y con la lucha contra la inflación.
Los tres puntos han sido escasamente discutidos: el primero de ellos, el del crecimiento excesivo, no parece ser compartido por los técnicos del Instituto Nacional de Estadística, que hace unos días afirmaban que el ritmo de crecimiento de la economía española estaba des acelerándose. Además, la afirmación de que la tasa de crecimiento equilibrado de la economía es de un 4% necesitaría, cuando menos, de una demostración técnica. El segundo punto es también discutible, por cuanto el deterioro de la balanza por cuenta corriente, hasta ahora relativamente limitado, se debe fundamentalmente al crecimiento de las importaciones de maquinaria y bienes de equipo, a la pérdida de competitividad de las exportaciones españolas -a su vez, ligada al crecimiento nominal de los costes y a la excesiva apreciación de la peseta- y al deterioro de algunas partidas de la balanza de invisibles directamente relacionadas con la política monetaria. En cuanto a la inflación, el desbordamiento de las previsiones del Gobierno en esta materia era un hecho conocido hace meses: la llamada inflación subyacente hace tiempo que se situaba en torno al 5,5%, y lo que ha sucedido últimamente es que los precios de los productos alimenticios han dejado de desempeñar el papel moderador que habían ejercido hasta hace poco. Todo esto relativiza la necesidad perentoria de adoptar las medidas que acaban de decidirse.
El otro gran problema es el de las consecuencias de la restricción monetaria. Desde el punto de vista de la gestión de la economía, habría sido preferible moderar los costes salariales mediante los mecanismos de la concertación social que han venido funcionando durante muchos años. Es pronto aún para establecer las responsabilidades en la ruptura de un esquema que ha facilitado considerablemente el saneamiento y el despegue de la economía española. Abandonada esta vía, quedaba otra consistente en utilizar la política presupuestaria para obtener una asignación de los recursos compatible con un crecimiento estable de la economía, pero las posibilidades de avanzar por este camino quedaron pronto cegadas por las dificultades políticas de su instrumentación.
Así las cosas, el único recurso que quedaba era el de la política monetaria, y es lógico que el Banco de España haya recurrido a él. Lo que resulta menos convincente es la falta de discusión de otras alternativas viables de crecimiento. De esta manera,. uno de los peligros de la situación actual es el que deriva de la conjunción de una política presupuestaria expansiva con una política monetaria restrictiva: Estados Unidos ha pagado bastante caro este esquema de política económica, y en nuestro caso, los problemas se agravan por la creciente integración en el seno de la Comunidad Europea.
En cualquier caso, la restricción monetaria amenaza con frenar el aumento de la inversión y deteriorar, al menos a corto plazo, la competitividad de los productos españoles en el exterior. El argumento principal del Banco de España es que no hay alternativa, y es probable que, en el estadio actual del problema, las cosas sean así. Pero la cuestión que se plantea entonces es la de saber por qué no han sido posibles otros enfoques y la de determinar dónde se encuentra la responsabilidad de que, al final, la vía elegida sea la que más riesgos ofrece.
