Una ley necesaria

LA REFORMA militar acaba de dar un paso decisivo con el envío al Congreso de los Diputados del proyecto de ley de la Función Militar, en la que se priman los méritos profesionales sobre la antigüedad en las decisiones sobre ascensos y destinos y se establecen las bases de una enseñanza militar integrada en el sistema educativo nacional. El hecho de que este proceso de renovación de la estructura y organización del Ejército venga prolongándose durante una década muestra tanto la dificultad del empeño como las resistencias tácitas o expresas que han ido apareciendo en su camino. Las más recientes críticas al proyecto tienen una base común: las expectativas profesionales de muchos militares pueden verse afectadas negativamente, ya que el nuevo sistema de promoción pone a prueba su capacidad y su dedicación por encima del tiempo transcurrido en la milicia.La adaptación de las Fuerzas Armadas españolas al modelo de Estado configurado en la Constitución ha sido una de las tareas políticamente más delicadas de estos años, a la vez que más necesarias para consolidar el orden constitucional y hacer definitivamente de la tentación golpista una reliquia del pasado. Entre las medidas legislativas y gubernamentales tendentes a este objetivo -Reales Ordenanzas, subordinación de las funciones institucionales de las Fuerzas Armadas al área de decisión del Gobierno, reducción del Código Penal Militar a la esfera estrictamente castrense, integración de la jurisdicción militar en el único poder judicial del Estado y nuevo despliegue operativo del Ejército de Tierra en sustitución de un esquema de ocupación del territorio vigente desde 1939-, la ley de la Función Militar, por afectar al meollo mismo de la carrera militar, constituye el instrumento más efectivo para alumbrar un militar profesional más acorde con los nuevos tiempos.

El proyecto de ley, enviado por el Gobierno al Congreso fija, por primera vez, criterios concretos para racionalizar los ascensos militares, basados desde tiempo inmemorial casi exclusivamente en la antigüedad. Con la nueva ley, este factor no desaparece, pero queda subordinado, sobre todo en los más altos empleos de cada escala, a los méritos profesionales. Con ello no sólo se introducen unos mínimos y saludables elementos de competitividad, sino que, al mismo tiempo, se homologa el régimen de ascensos a los criterios vigentes en otros organismos y cuerpos de la Administración civil del Estado y, en general, en todos aquellos colectivos profesionales que son conscientes de la necesidad de su renovación interna para mantener el nivel de calidad de la función que ejercen. Pero, además, la adecuación de las expectativas profesionales de los militares a los mismos principios que rigen en la vida civil y la implantación de un sistema de enseñanza integrado en el proceso educativo general puede ser la vía que acabe con el aislacionismo que está en la raíz de las incursiones militares en la política española durante los últimos 150 años. Un síndrome que tiene mucho que ver con la persistencia de un sistema de selección basado en mecanismos en gran parte endogámicos y absurdamente igualitaristas y una enseñanza impartida de acuerdo a pautas de comportamiento y parámetros ideológicos ajenos a los ciudadanos civiles.

Ninguna invocación a la estructura jerarquizada de las Fuerzas Armadas, ni al papel preponderante de la disciplina en su funcionamiento, ni a ninguna otra de las particularidades que pueda tener la vida militar, justifica la existencia de unos cuadros adormecidos en la rutina soporífera de una trayectoria profesional trazada de antemano y ayunos de los saberes y valores que conforman el modelo educativo que se imparte a todos los españoles.