El programa que ETA entregó al Gobierno incluye puntos de la 'alternativa KAS'

El "programa político" que ETA entregó a los enviados del Gobierno consiste básicamente en algunos puntos de la alternativa KAS, aunque el cabeza de la delegación española, Rafael Vera, acordó con Antxon Etxebeste evitar una alusión a la misma en los nueve puntos del comunicado etarra. Fuentes próximas a Antxon insisten en que hubo un representante del PSOE en la reunión, quien, según fuentes gubernamentales, fue Juan Manuel Eguiagaray, ex vicesecretario general de los socialistas vascos y actual delegado del Gobierno en Murcia.

Durante las conversaciones que mantuvieron por un lado, el ex director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, con el desaparecido Txomin Iturbe, líder carismático de ETA, y, por otro, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Julen Elgorriaga, con Etxebeste, ya se comentaron algunos aspectos políticos que, según los representantes gubernamentales, podrían irse agilizando en el marco de las instituciones vascas.Los enviados del Gobierno siempre descartaron revisar la Constitución para incluir la independencia o el derecho de autodeterminación del País Vasco. Asimismo, los representantes del Ejecutivo calificaron de "obvia" la mejora de las condiciones de los trabajadores vascos -otro de los puntos de la alternativa KAS-, puesto que el Gobierno español, al menos a prior¡, debe tener como misión la mejora de las condiciones de vida de todos los trabajadores, incluidos los vascos.

Con estas premisas, el "programa político global de debate" entregado por ETA al Gobierno, según las fuentes consultadas, está constituido por la amnistía, la progresiva retirada de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco, el control y la dependencia de las Fuerzas Armadas establecidas en Euskadi por el Gobierno vasco, el referéndum sobre la incorporación de Navarra a Euskadi y la declaración del euskera como lengua oficial.

A pesar de que los actuales enviados del Gobierno a Argelia que encabeza Rafael Vera no han tratado en profundidad estas cuestiones, los interlocutores del Ejecutivo sí han transmitido algunas respuestas a esas conversaciones políticas.

Puntos de vista

El Gobierno, siempre según las fuentes consultadas, considera que la amnistía puede solucionarse mediante una "generosa reinserción" para los activistas de ETA, aunque habría que revisar la situación de los etarras con delitos de sangre. Éstos podrían incluso ser deportados a terceros países y, una vez que ETA hubiera garantizado el definitivo abandono del terrorismo, el Ejecutivo podría indultarles progresivamente.

Sobre la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco, los representantes gubernamentales han comunicado que esa medida se agilizaría enormemente cuando ETA hubiera acabado con los atentados y a medida que la Ertzaintza pudiera implantarse exclusivamente en esta región. La dependencia de las Fuerzas Armadas españolas del Gobierno vasco no es cuestionable por el momento y el euskera podría gozar de la calificación de cooficial o lengua propia, como se designa al catalán.

Por último, sobre la incorporación de Navarra al País Vasco, ETA ha mantenido que debería ser todo el País Vasco y Navarra quienes deberían decidir en referéndum esa decisión, mientras el Gobierno plantea fundamentadamente que deberían ser sólo los navarros quienes decidieran su autonomía o anexión a la otra comunidad.

Fuentes del País Vasco han calificado de "peligrosa" la introducción del término "políticas" a las conversaciones con ETA que el Gobierno ha aceptado considerar. No obstante, estas fuentes confían en que el Ejecutivo central no interfiera en los pactos establecidos con las fuerzas políticas, y especialmente con las del País Vasco.

Respetando los acuerdos adoptados con el Gobierno vasco, estas fuentes aceptan ese diálogo siempre que consiga acabar con el terrorismo.

Argelia

Las citadas fuentes tampoco se muestran favorables al comunicado de ETA, no desmentido por el Gobierno, que atribuye a Argelia el papel de "mediador y moderador del proceso de conversaciones como de los compromisos mutuos que se vayan derivando de las mismas".

Sin embargo, ese reconocimiento público ofrecido a Argelia como "mediador y moderador" del diálogo ha supuesto una satisfacción para el Gobierno de ese país, que, según algunas fuentes, ha presionado positivamente para que se reanudaran las conversaciones entre ambas partes.

La intervención del Ejecutivo argelino como testigo de los contactos había sido exigida por ETA a Julen Elgorriaga y reclamada en comunicados anteriores de la organización terrorista, aunque en los procesos anteriores era considerada inaceptable por el Gobierno de Felipe González.

Fuentes conocedoras del proceso admiten que tanto el Gobierno como la organización terrorista -consciente de que se acaban sus oportunidades- han mostrado su disposición a iniciar "seriamente" este nuevo periodo de conversaciones. Dichas fuentes confían en que los dirigentes de ETA hagan respetar la tregua, y que ningún comando reanude sus acciones armadas, lo que provocaría inevitablemente la ruptura definitiva del diálogo.