Madrid, la máquina de crecer

Lewis Munford comenzaba su Cultura de las ciudades señalando que la ciudad es el punto máximo de concentración del poder y de la cultura de una comunidad. Pero la ciudad es también un lugar de encuentro y de conflicto entre lo público y lo privado, un espacio donde la intervención del Estado, representando los "intereses colectivos", se hace necesaria para la supervivencia misma de la ciudad. El Gobierno local, por un lado, ofrece un marco regulador (básicamente a través del Plan General); por otro, su intervención en la prestación de servicios y el aporte de infraestructuras se hace imprescindible.Sin embargo, la escasez de recursos determina que el Gobierno se convierta en el lugar donde los grupos de interés presionan por la determinación de usos del suelo y la apropiación privada de los efectos del gasto público.

La ciudad es teatro y exponente del comportamiento de grupos cuyos intereses están basados en la propiedad del suelo o de los terrenos. Cada parcela de la ciudad representa un interés, y el conjunto de ellos permite generar las bases de una coalición para el gobierno de la ciudad.

Estos grupos o agentes obtienen beneficios a través de la ampliación de la zona urbanizable y de la intensificación del uso del suelo. El suelo es una mercancía, y la ciudad es un mercado donde se enfrentan estas elites entre sí con la intención de defender sus intereses particulares.

El giro a la izquierda

Un programa de crecimiento para la ciudad puede ser la válvula de escape de los conflictos al satisfacer a la mayoría de estos grupos, suavizando la pugna por el control de un universo cerrado. La importancia del crecimiento de la ciudad para los intereses de estos grupos es decisiva. El deseo de crecer aporta la motivación para conseguir el consenso entre las elites políticas movilizadas en el gobierno local.

De este modo la caracterización esencial de toda ciudad es su programa de crecimiento, su funcionamiento como máquina de crecer. Y la dinámica política del gobierno local se concentra en la determinación del resultado del crecimiento, de su distribución.

En España la izquierda entró en los Gobiernos municipales y regionales en 1979, momento en que la crisis económica se hacía patente. Los viejos intereses de la coalición por el crecimiento, que habían tenido sus abogados en los ayuntamientos franquistas dominados por alcaldes y concejales representantes de los sectores inmobiliarios, se vieron relegados a la oposición.

En Madrid, por ejemplo, el nuevo equipo de gobierno asumió el Plan General de Ordenación Urbana como eje central de su proyecto para la ciudad, proyecto que -como nos recordaba hace unos días un artículo de Luis del Rey (EL PAÍS 25 de noviembre de 1988)- tenía como hipótesis central el crecimiento cero y acabar Madrid.

El citado artículo argumentaba que las previsiones de los redactores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se habían demostrado "rigurosamente inciertas" y que el enfoque restrictivo en el suelo finalista había sido desbordado por la demanda.

Madrid perdió entre 1981 y 1986 algo más de 10.000 habitantes, en parte fruto de la creciente integración de la aglomeración metropolitana con su centro, pero siguió concentrando más actividad económica, más empleo, más viviendas, etcétera, en su espacio local; las actividades más rentables, los mejores empleos, etcétera, y sin embargo, esto no significa mejor calidad de vida para la mayoría de los ciudadanos. El crecimiento de Madrid -en este sentido- no se traduce necesariamente en progreso.

La preocupación por "que Madrid progrese" (en el sentido del titular del artículo citado) ha calado en la izquierda, y hoy se pretende potenciar el eje de la Castellana, los nuevos recintos feriales acompañados de operaciones urbanísticas como el Campo de las Naciones, etcétera, y hasta fomentar con incentivos económicos la natalidad.

Tras nueve años, los Gobiernos municipales de izquierda parecen desplazarse hacia esa coalición para el crecimiento. Y crecer parece sinónimo de aumento del suelo calificado (las voces por la revisión del Plan de Madrid o por su reinterpretación generosa están ahí): más casas, más oficinas, más beneficios, más ingresos por licencias; más visitantes para los hoteles y restaurantes; más empresas que paguen más impuestos, etcétera.

El Ayuntamiento es uno de los beneficiarios del crecimiento, y a pesar del buen estado de las arcas municipales, los políticos del momento parecen obsesionados por conseguir los instrumentos que aseguren ese crecimiento.

Crecimiento

Mientras que el crecimiento (y no hablo de crecimiento económico en general) de esta ciudad -en su dimensión y situación actual- sólo beneficia a una pequeña parte de la población, genera importantes disfunciones: aumentará la contaminación del aire y del agua, congestionará aún más el tráfico, etcétera. En definitiva, los costes del crecimiento se transferirán a la calidad de vida de los residentes y repercutirán negativamente sobre el entorno no urbano. El conflicto entre lo público y lo privado renace, dado que crecimiento significa apropiación privada de los beneficios a costa del bienestar colectivo.

Desde el punto de vista del empleo se dice que el crecimiento (le la ciudad da trabajo (y quizá sea cierto), pero sobre todo sirve para la redistribución del trabajo. El crecimiento general es el de un agregado macroeconómico, y el del empleo se refiere a un colectivo de ámbito regional o incluso nacional, por lo que el crecimiento de la ciudad puede no coincidir con el crecimiento general de la renta y del empleo.

De hecho los estudios no demuestran una correlación significativa, entre el crecimiento de la ciudad y la disminución comparativa de las tasas de desempleo de los residentes. La segregación urbana es el filtro que impide la correlación.

Hasta ahora el agua, las materias primas, los trabajadores, se traen a la ciudad. Esto supone un importante despilfarro de recursos en el resto de la región. Cambiar de perspectiva es, sin duda, una alternativa. La mejor política de desarrollo económico y de bienestar social no es defender el crecimiento de la ciudad, sino plantear una estrategia de desarrollo y reequilibrio regional. Para ello se hace imprescindible la reedición de la coalición contra el crecimiento de la ciudad de Madrid, contra la concentración de recursos que se produce en su territorio.

La oportunidad de mejorar las condiciones de vida de todos los residentes de la región está ahí. El Gobierno regional y los Gobiernos locales no pueden echar más madera en la hoguera de: la megalópolis; deberían establecer programas de desarrollo regional que asuman la necesidad de poner límites a ese crecimiento de la ciudad que los grupos de interés comienzan a demandar.