Campo de las Naciones: ¿y ahora, qué?

El año 1988 se cerró en la Casa de la Villa con una decisión para algunos inesperada, pero en, cualquier caso, positiva para los intereses de la ciudad. Los grupos municipales de oposición evitaron que el equipo de gobierno adjudicara a la iniciativa privada el desarrollo de uno de los más importantes proyectos urbanísticos de la ciudad: el Campo de las Naciones.En unas breves pinceladas conviene recordar que en marzo de 1988, PSOE y AP pactaron el presupuesto de inversiones de Gerencia Municipal de Urbanismo para ese ejercicio aunque su desarrollo abarcaría un período de cinco o seis años.

Este programa iba a entregar a los grandes operadores inmobiliarios 1.200.000 metros cuadrados de suelo para terciario y 800.000 metros cuadrados para construcción de viviendas, mediante la actuación de 19 bolsas de deterioro urbano existentes en la ciudad (zonas con infraviviendas o chabolas), más 10 operaciones urbanas (el Campo de las Naciones, estaciones Sur y Norte de autobuses, puente de Ventas, Centro Integrado de Aluche, avenida de Córdoba ... ). El proyecto Campo de las Naciones era el buque insignia de ese programa. Comprende en su conjunto:

a) La construcción por gestión pública directa de los nuevos recintos feriales, con una edificabilidad de 150.000 metros cuadrados.

b), Un área de actividades comerciales y empresariales, con otros 150.000 metros cuadrados (la zona sacada propiamente a concurso y objeto de debate).

c) Una zona industrial.

d) Un gran parque público que rodea las anteriores actuaciones, entre el distrito de Hortaleza y la zona de Barajas.

El desarrollo de esta operación y del conjunto del programa, tal como estaba planteado, suponía un grave riesgo de que se produjera una importantísima concentración monopolista del suelo para terciario. En la actualidad existe ya ese oligopolio en la oferta de suelo de oficinas en Madrid (dominada en un 52% por Construcciones y Contratas los Albertos) y en un 70% por los Albertos más KIO. Cada una de las operaciones urbanas diseñadas iba a ser sacada a concurso público, con lo que serían no más de tres, cuatro, cinco grupos inmobiliarios los adjudicatarios, al disponer de mayor capacidad financiera para ofertar a cambio del suelo lucrativo liberado por el Ayuntamiento.

Gestión directa

Tras la decisión del pleno del Ayuntamiento por la que se declaró desierto el concurso del proyecto, desestimando la propuesta del PSOE de adjudicárselo al grupo inmobiliario encabezado por Construcciones y Contratas, el Grupo Municipal de IU del Ayuntamiento considera que los pasos a dar son los siguientes:

Debe reunirse el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Campo de las Naciones. En esa reunión deben analizarse las dos alternativas que están planteadas como posibles:

a) Convocatoria de una subasta del polígono, parcela a parcela, tal como defendió AP en el pleno. Esta proposición fue apoyada por IU y CD S a efectos exclusivos de que pudiera ser debatida en la reunión del citado Consejo de Administración, que, por lo demás, es soberano para debatir sobre éste u otros asuntos.

b) Que sea el Ayuntamiento quien gestione y ejecute directamente el proyecto, tal como defienden tenazmente IU y CDS desde hace meses (con el apoyo en esta ocasión del PSOE, después del compromiso verbal adquirido por el alcalde en el debate plenario).

Aunque el propio alcalde ha comprometido públicamente su posición, al afirmar que el Ayuntamiento ejecutaría directamente el proyecto, esta alternativa sigue sin gustar en la Casa de la Villa. Se afirma que el equipo de gobierno carece de instrumentos adecuados de gestión y de capacidad financiera. Ambos argumentos describen insuficiencias perfectamente solucionables.

En el entorno del Campo de las Naciones se están construyendo los recintos feriales de Madrid, que, como citábamos, suponen también 150.000 metros cuadrados de edificabilidad. La Comunidad Autónoma y la propia corporación municipal crearon Refemasa (Recintos Feriales de Madrid, SA), convertida en el instrumento de gestión del proyecto. En el caso que nos ocupa, existe ya la Sociedad Municipal Campo de las Naciones, SA, y lo que hay que hacer es nombrar un gerente, contratar un equipo técnico y empezar a trabajar. Esto, por lo que se refiere a los instrumentos de gestión.

Y en cuanto a la financiación, existen igualmente alternativas. Señalemos algunas. El año de 1988 que ahora concluye se va a cerrar presupuestariamente con un importante superávit por gastos no ejecutados y por ingresos no previstos inicialmente. En 1987, el Ayuntamiento tuvo un superávit de 13.000 millones. Si se ejecuta el presupuesto de 1988 tal como fue aprobado, la corporación obtendrá no menos de 20.000 millones de superávit.

Una segunda opción está situada en la normalidad presupuestaria. Teniendo en cuenta que hay cuatro ejercicios por delante (1989-1990-1991-1992) para desarrollar el proyecto, es posible perfectamente una financiación vía presupuestos municipales a razón de 2.500 millones de pesetas / año. Una cantidad asumible por una institución que en 1989 tendrá 222.000 millones de presupuesto.

Todo ello, sin necesidad de venta de patrimonio de suelo público. En última instancia, podría recurrirse a esta vía, aunque a nosotros no nos guste, para cubrir la aportación necesaria en 1989. Hay que señalar que el Ayuntamiento tiene en estos momentos convocados ocho concursos públicos para la venta de 400.000 metros cuadrados de suelo edificable en residencial, o terciario, más hasta 108.000 metros cuadrados para la construcción de un parking, con unos ingresos globales estimados no inferiores a 15.000 millones.

Es decir, las opciones no son una, sino varias. Por no hablar de la capacidad de endeudamiento que tiene la corporación madrileña, con un modesto 12,5% de carga financiera en su presupuesto anual.

Una inversión que va a ser rentable para la ciudad, porque la perspectiva de gestión debe ser la propia de un equipamiento de propiedad municipal: una vez construidas, se convoca un concurso público para la adjudicación de la explotación, por un período de tiempo, por ejemplo, 30 años, a cambio de un canon anual, instalación por instalación o en su conjunto. Concluido el período de adjudicación, las instalaciones revierten a propiedad municipal. A lo largo de todo el proceso, el Ayuntamiento recupera, primero, la inversión realizada para pasar posteriormente a la obtención de beneficios, sin perder nunca la titularidad del equipamiento.

Existe, pues, un amplio abanico de alternativas. Negarlas, como puede estar tentado de hacer el equipo de gobierno, es simplemente un reconocimiento implícito de la propia mediocridad.