Vecinos al frío

Numerosas fincas de viviendas con el suministro de gas cortado de arriba abajo durante largos, días, cocinas sin fuego, calefacciones fuera de servicio, duchas heladas en pleno invierno, concentraciones y protestas de quienes semejantes perjucios sufren, gestiones múltiples que: no terminan de resolver tan desesperante problema, continua aireación del mismo en los medios de comunicación, una dura batalla en la que, desde hace más de un año, reclaman soluciones las víctimas de esta situación, así como las asociaciones vecinales y la Federación Regional de Madrid y -a la postre- un debate en la Asamblea de la Comunidad Autónoma, el p asado día 7 de diciembre, que tampoco ha servido para que las autoridades competentes se decidan a tomar las oportunas cartas en este asunto, que configura una penosa estampa, entre sainetesca y kafkiana, en este Madrid posmoderno de hoy.Sin embargo, cuando, ante esta situación, los afectados se preguntan por qué se está produciendo, no hay más remedio que hacerles ver que su causa no radica más que en el incumplimiento de las leyes y en la falta de utilización de sus competencias por parte precisamente de las autoridades y los organismos de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Porque, en medio del confuso estado de cosas que está creándose, el esquema de esta cuestión es, en realidad, bastante claro: basta con poner las normas legales en su sitio y por su orden, pero está faltando la voluntad política de cumplirlas. Ya que, por una parte, nos encontramos en presencia de un innegable cambio de la familia o tipo de gas a servir a los usuarios, al pasarse del industrial, o manufacturado, al gas natural, que se está importando a tal fin. En esto, el Reglamento del Suministro de Gases Combustibles es inequívoco y su artículo 29 no deja duda alguna al respecto. Por otra parte, el artículo 38 del mismo reglamento establece -con diafanidad aún mayor, si cabe- que los costes que genere la adaptación de las instalaciones a un cambio como el ahora en curso no serán de cuenta de los usuarios, sino de la compañía o las compañías suministradoras.

Sin embargo, han existido grandes y dilatadas negligencias en la revisión de las instalaciones para su uso anterior con gas manufacturado y, ahora, se están matando dos pájaros de un tiro -nunca mejor empleada esta metáfora-, haciendo coincidir, precipitadamente, las revisiones que debieron hacerse en su día, y no se hicieron, y la adaptación de éstas al nuevo tipo del gas natural, pretendiendo, por supuesto, cobrarle al usuario el importe de todo ello junto, cuando -como hemos dicho-, el coste de esa adaptación no es, legalmente, de cargo de éste.

Cortes de suministro

Tamaño subterfugio se viene instrumentando con los cortes del suministro, que son noticia casi diaria, y que traen en jaque a numerosas familias, siendo de temer que terminen afectadas otras muchas más en un futuro próximo. Y a semejante modo de hacer tabla rasa de las previsiones legales se une, como ya indicamos, la inhibición de las autoridades autonómicas, que rehúsan recurrir a sus atribuciones y competencias ante lo que está ocurriendo.

Porque las funciones de ordenación, reglamentación, control, inspección, ejecución y sanción, directamente relacionadas con este problema, y que les vienen otorgadas por las oportunas fuentes de derecho a las comunidades autónomas y a sus correspondientes órganos, creemos los ciudadanos que estarán para algo y no sólo de adorno. ¿O no es así...?

El propio Reglamento del Suministro de Gases Combustibles, así como las modificaciones en él introducidas por el decreto de 14 de diciembre de 1983 y, por encima de todo, las competencias que se regulan en los artículos 27, 28 y 37 del Estatuto de Autonomía de Madrid, ofrecen más que holgado marco normativo al Gobierno de la Comunidad, no ya sólo para resolver con firmeza y eficacia este lamentable trastorno social, sino para haber impedido que se planteara.

El peso de la financiación de las comunidades autónomas y de sus órganos y su complejidad burocrática conllevan un nada escaso sacrificio para los ciudadanos; lo menos que puede pedirse es que las competencias de la Administración autonómica no se queden en agua de borrajas cuando más falta hace que se pongan en juego.