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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La pelota, en el tejado

A PARTIR de ayer, el debate sobre si una huelga general contra la política económica del Gobierno y algunas otras de sus actitudes era el instrumento oportuno o un disparate ha quedado superado por la realidad. La huelga general política se ha llevado a cabo con notable éxito para los convocantes, y, por consiguiente, la pelota ha cambiado de tejado. Incluso si el eco alcanzado por el llamamiento de los sindicatos hubiera sido la mitad, obligaría a cualquier Gobierno fuerte -y el de Felipe González lo es, para envidia de sus opositores políticos- a modificar su actitud de fondo ante los sindicatos.Es cierto que en la participación pasiva de algunos ciudadanos en la huelga han incidido motivos ajenos a su voluntad: actuación de piquetes que sólo eufemísticamente pueden denominarse informativos, junto a factores disuasorios como la ausencia de transportes públicos y la torpe dramatización de la huelga por el propio Gobierno. Pero ello no contradice el hecho rotundo de que la gran mayoría de la población activa del país ha secundado el llamamiento. Las motivaciones de cada cual han podido ser diferentes: desde la protesta contra la política económica del Gobierno o la indignación ante los comportamientos individuales de determinadas personas hasta la sorda irritación de sectores conservadores; pero lo cierto es que el rechazo y la frustración ante la manera de gobernar de los socialistas han unificado el paro de ayer hasta extremos no conocidos en las últimas décadas.

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El desarrollo de la jornada ha demostrado la capacidad de movilización y control de sus bases naturales y del resto de los ciudadanos por parte de las centrales sindicales. Ello indica, de un lado, que las consideraciones sobre la debilidad estructural de los sindicatos y su relativa representatividad deberán en adelante ser matizadas, y de otro, que el Gobierno habrá de tener en cuenta, con vistas a la concertación cotidiana y puntual, la capacidad de veto que los sindicatos mantienen respecto a sus iniciativas en materia socio laboral: sin su acuerdo no será posible avanzar seriamente en la vía reformista.

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Descartada por el presidente del Gobierno la hipótesis de "desplazar la responsabilidad hacia los ciudadanos" mediante la convocatoria de elecciones anticipadas -lo que implicaría intentar aplastar a los sindicatos, en la lógica del thatcherismo puro y duro-, dos escenarios posibles se dibujan en el horizonte inmediato del Ejecutivo. Por una parte, una línea orientada a la desactivación del pacto entre UGT y CC OO mediante concesiones políticas a Nicolás Redondo (como el cese de algún ministro especial mente reacio al reconocimiento del papel central de su sindicato). El escenario admite diversas variantes -incluida la de tratar de dividir a UGT-, pero todas ellas determinadas más por la voluntad de romper la unidad sindical que por el deseo de otorgar a las centrales un mayor protagonismo en la definición de las prioridades socioeconómicas y de asociarlas, en particular, al proyecto de redistribución de la riqueza y vertebración social sobre nuevos términos. Ese escenario resulta: utópico en la medida en que ello implicaría una improbable complicidad de UGT, la cual dejaría en manos de la central comunista una capacidad de bloqueo social similar a la que ejerce hoy la CGT en Francia, por ejemplo; arriesgado, por sus previsibles efectos divisionistas en las filas del PSOE, y contradictorio con el impulso reformista que necesita ahora el Gobierno para recuperar el terreno perdido.

La otra salida posible es también política, pero atendería preferentemente a la redefinición del papel otorgado a las asociaciones intermedias que constituyen la base social del proyecto socialdemócrata. La constitución del consejo económico social previsto por la Carta Magna sería el eje de esa redefinición, pero habría de manifestarse también en un cambio de actitud ante el problema de la concertación. No sólo deberían cambiar los representantes del Gobierno en la negociación, sino el discurso político que la recubre. Es incierto que la política económica del Gobier no -acertada en términos generales- no admita modulaciones diferentes, compatibles con algunas de las reivindicaciones concretas de las centrales.

La jornada de ayer también ha tenido de positivo la apertura de un debate social y de una discusión política a la que no se asistía desde hace años, y que ha sacado al país de una modorra aletargante. A diferencia con el debate sobre la OTAN, ahora se ha observado una considerable receptividad de los opinantes a los argumentos del contrario, de tal manera que lo que hace un mes era presentado como evidente -desde el Plan de Empleo Juvenil hasta los salarios de los funcionarios- se considera ahora simplemente probable, opinable en todo caso. Si este talante llega ra a generalizarse -y que así sea, y por ambas partes, era tal vez la reivindicación más sentida por quienes ayer secundaron la huelga-, la jornada del 14 de diciembre habrá resultado un esfuerzo del que podrán sacarse mimbres para el futuro. Ahora falta el primer gesto.

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