El Patriarca pide negociar su legalización con el Gobierno

La asociación El Patriarca ha pedido al Gobierno negociar directamente la legalización de sus centros, según se desprende de una carta que la directiva de la entidad ha dirigido al delegado del Gobierno para el Plan Nacional de la Droga, Miquel Solans. Mientras se discute y se pone en tela de juicio la legalización de esta red privada de comunidades terapéuticas -la más importante de España-, los jueces continúan remitiendo toxicómanos a El Patriarca para que cumplan, en régimen de rehabilitación, las condenas de los tribunales.

El presidente de la asociación El Patriarca, en España, Germán Gómez, dirigió el 23 de noviembre una carta a Miquel Solans en la que solicitaba una negociación, para intentar encontrar una fórmula de acreditación de los 60 centros que El Patriarca tiene en España. Con esta iniciativa, El Patriarca intenta soslayar las negociaciones individualizadas con las comunidades autónomas, que son las responsables del control de los centros terapéuticos.El Patriarca está actualmente negociando la acreditación de sus centros con los responsables de las Administraciones de Cataluña y Valencia. Pero además tiene dificultades de legalización en Galicia, Extremadura y Castilla-León (ver El PAÍS del 19 de noviembre).

Mientras se debate su legalización, los jueces continúan, sin embargo, remitiendo toxicómanos a los centros de la entidad, para que cumplan, en régimen de rehabilitación, las condenas dictadas por los tribunales. Esta actitud de determinados sectores de la judicatura se contradice con los criterios establecidos y acordados en el Plan Nacional sobre la Droga, que ha recomendado reiteradamente a la magistratura que ordene o apruebe sólo aquellos internamientos que se efectúen en centros "homologados".

El pasado julio, el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con las normativas del Plan, remitió a las Audiencias las listas de los centros homologados, donde deberían decretarse los ingresos de los toxicómanos. Pero estos criterios no han sido tenidos en cuenta por algunos magistrados.

Los casos más recientes en este sentido son los descubiertos en la Audiencia Provincial de Barcelona y en la de Zamora. En un juzgado de Barcelona, por sentencia del pasado 12 de agosto, se ordenó el internamiento en el centro de El Patriarca de Biurrún (Navarra) de J. C. C. Más recientemente, el 4 de noviembre, la Audiencia Provincial de Zamora acordó el ingreso de otro penado en una comunidad de El Patriarca en Valencia. En la actualidad hay en los centros de El Patriarca 61 internados por orden judicial.

El presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Doñate, mantiene que ningún organismo posee datos fidedignos del censo de penados que cumplen en comunidades terapéuticas. La falta de control y la disparidad de criterios sobre estas comunidades fue denunciada por el propio Doñate el 16 de noviembre ante la comisión del Senado encargada de investigar los centros terapéuticos.

Antonio Doñate propuso a los senadores una serie de medidas, como la homologación de los centros privados, atendiendo a criterios máximos y no mínimos, el cierre efectivo e inmediato de los centros no homologados y el control por el ministerio fiscal de los internados en las comunidades.