El tiempo es oro

EL GOBIERNO ha lanzado una serie de mensajes en los últimos días en los que insinúa que hasta que el tribunal Constitucional no se pronuncie formalmente sobre el tratamiento fiscal de la familia no se procederá a modificar la actual normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. El secretario de Estado ha llegado a decir que Hacienda "estudiará con calma la sentencia, porque una discriminación fiscal puede ocultar otra mucho mayor", refiriéndose a una supuesta situación desfavorable de los matrimonios con una sola fuente de ingresos.Desde el punto de vista estrictamente formal, el Gobierno está en su derecho de esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, los propios magistrados ya avanzaron claramente cuáles eran sus criterios sobre la inconstitucionalidad de los artículos de la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que afectan a la tributación familiar, al resolver el recurso de amparo presentado por un ciudadano. Ello debería haber bastado para que el Ejecutivo tomara la iniciativa de reformar la legislación vigente, en virtud de la cual cientos de miles de matrimonios son obligados a pagar a Hacienda cantidades sensiblemente superiores a las que tendrían que desembolsar si declarasen. separadamente.

El actual Gobierno ya se ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de modificar esta normativa, pero siempre ha prevalecido el mantenimiento del actual sistema por motivos esencialmente recaudatorios. No se ha tenido en cuenta la experiencia internacional en este campo, que ha sabido combinar los intereses recaudatorios del Estado con una fórmula más justa de tratamiento fiscal del matrimonio. La mayoría de los países comunitarios pusieron en marcha hace años sistemas de tributación más avanzados, ofreciendo a los miembros de la sociedad familiar la posibilidad de declarar sus rentas juntos o por separado, y aplicando cocientes diferentes para uno u otro caso.

El segundo de los mensajes enviados desde el Ministerio de Economía y Hacienda es más preocupante. Su representante ha manejado, a este efecto, unas cuentas dudosas, que no parecen tener otro objeto que justificar -en nombre de una supuesta mayor complejidad del problema que la prevista inicialmente- el retraso de una decisión que el Gobierno tendrá que tomar antes o después. Asegura el, secretario de Estado de Hacienda que si se permite que los cónyuges que trabajan declaren por separado se podría producir una discriminación respecto a los matrimonios con una sola fuente de ingresos. Una afirmación que parece olvidar que este impuesto, como su propio nombre indica, grava las rentas de las personas físicas y no la sociedad matrimonial como tal. Por otra parte, se oculta deliberadamente que existen fórmulas para no discriminar ni a unos ni a otros, como muestran los modelos de cocientes que funcionan en Francia o la República Federal de Alemania.

Parece claro que estas justificaciones oficiales buscan ganar tiempo para evitar una caída repentina de la recaudación. El Gobierno, que es capaz de introducir con calzador ciertas reformas de rango legal como enmiendas a la ley de Presupuestos, no parece dispuesto a aprovechar ahora la discusión del proyecto en el Senado para reformar la tributación del matrimonio en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Todo hace pensar que esperará a que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia -ya anunciada, por otra parte-, agotará todos los plazos legales, presentará entrado el año un decreto-ley que reforme los apartados de la ley en cuestión y se asegurará, de esta forma, que en el próximo ejercicio se mantenga el actual sistema. Mala práctica para una Administración tributaria que pretende racionalizar el ingreso y el gasto público y que ha dado pruebas en otras ocasiones de actuar con eficacia en la lucha contra el fraude. Es por esa vía por la que hay que aumentar la recaudación fiscal, no manteniendo, contra toda evidencia, modelos impositivos que son claramente discriminatorios.