Ser joven y obrero no es ninguna ganga

La convocatoria de huelga para el próximo día 14 ha provocado distintas tomas de posiciones y de explicaciones sobre la misma. Para el autor, el Gobierno no hace sino introducir elementos políticos al tiempo que trata de poner en marcha mecanismos de disuasión a los que califica como del antiguo régimen.

La perplejidad del Gobierno es patética. Instalados en la apología triunfal de la política económica, no entienden nada. ¿A nosotros una huelga general? Es evidente que en el campo de la conciencia feliz, el sentido de culpa no tiene lugar.Cuando se gobierna desde la prepotencia y el desprecio a la mayoría social, cuando se está más pendiente de siete banqueros que de tres millones de parados, cuando se utiliza como único canal de contacto con la realidad el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la percepción del mundo se distorsiona. Se tiene la sensación de que uno es el único que marca el paso de todo el pelotón.

Por ello, sus primeras reacciones ante el paro general convocado por CC OO y UGT fue cambiarle el sustantivo y calificarle de "injustificado, sin motivos y desproporcionado".

Una vez comprobado que la cosa iba en serio, han respondido con bastante acritud y comenzaron las descalificaciones a los sindicatos: "Irresponsables, insolidarios, corporativos" y otras lindezas. El fondo de la cuestión es que, desde una óptica neoliberal, los sindicatos son un elemento distorsionador del mercado. Molesta que existamos; mucho más que resistamos y que presentemos alternativas. Con o sin metáforas estelares, prefieren el amarillo al rojo.

Más tarde recurrieron al envilecimiento del debate, a través de la socorrida táctica del ancien régime de la conjura judeo-masónica-comunista, de la politización de las movilizaciones. Nuevo error. Con la tesis de la politización han removido los fondos profundos del malestar social ante el contenido y las formas de gobernar.

Ahora se disponen de nuevo a violentar la razón y las conciencias de los militantes socialistas obligándoles a tomar partido entre el PSOE o UGT, cuando en realidad el único partido que cabe tornar es por los trabajadores.

Al mismo tiempo, comienza una nueva campaña otánica a través del descarado abuso de la televisión y de algunos otros medios dóciles. Nos abrumarán.

De nuevo la estrategia del miedo volverá a aparecer: dramatizándose unas movilizaciones basadas en derechos constitucionales, exagerando el daño asustando al país con una supuesta violencia, planteándose la deslegitimación del Gobierno si el paro general es un éxito. No sería raro que algún asiduo-dependiente de la bodeguilla se encargara de filtrar la amenaza de dimisión de González. En la medida en que se fomenta el proceso de identificación del Gobierno con el Estado, e incluso con la democracia, estaríamos al borde de un cataclismo.

Pero no se preocupen. Es tal el apego al poder que la cosa no pasará de una guerra de cifras y de un debate sobre el rol de los piquetes.

Hay que decir, con toda rotundidad, que este país, democrático y con una mejor situación económica, no se merece esta intimidación. No es admisible que el Gobierno ponga otra vez al pueblo bajo chantaje cuando se convoca una acción lícita y legítima por parte de los sindicatos, que es bastante más normal y frecuente en Europa de lo que nuestros gobernantes dicen.

Las razones que han llevado a los sindicatos a convocar un paro general son exclusivamente reivindicativas. Veamos:

La reparación del daño causado por el, fracaso de la inflación. Frente a la unanimidad de los sindicatos y de todos los grupos parlamentarios, la negativa del Gobierno a asumir su responsabilidad indica mala fe en sus previsiones y supone un atraco social a más de ocho millones de personas. Dicha revisión se debe realizar también en los convenios colectivos que referenciaron sus salarios con la previsión de inflación, una vez que se modifica ésta del 3% al 5%.

También se exige que cumplan la cobertura al desempleo al 48%, pensiones suficientes y la equiparación de las mínimas al SMI, el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, la mejora real de: los salarios y la canalización por ley de los beneficios hacia la creación de empleo, la reducción de la jornada laboral y de la jubilación, la defensa de los trabajadores temporales y la consolidación del empleo, etcétera.

Subempleo juvenil

El auténtico casus belli que agota la paciencia de los sindicatos es el plan de subempleo juvenil. Para empezar, no es un plan. Es una medida concreta, llamada contrato de inserción, que se vendría a sumar a los 14 modelos de contratación precaria existente. En realidad, es la creación de una nueva categoría laboral: la de joven. Categoría que supone básicamente la discriminación de los jóvenes respecto al resto de los trabajadores, a los que se aplicaría una relación especial como la que tienen los presos y algún otro colectivo. No estarían cubiertos por la negociación colectiva y cobrarían salarios muy inferiores, violando el principio de "a igual trabajo igual salario".

Los sindicatos y las organizaciones juveniles se oponen a la medida por considerarla una de las mayores agresiones de los últimos años a los trabajadores, los parados y los jóvenes. La práctica totalidad de las organizaciones juveniles la han rechazado. Se podrá pensar que es un extraño mendigo el que arroja al arroyo su última moneda. Pero los jóvenes saben que con las medidas propuestas no salen de la marginación.

Las razones del rechazo de los sindicatos son claras. No sirve para crear empleo, sólo precariza aún más el mercado de trabajo. Se proponen 800.000 contratos de inserción en tres años. Pues bien, en el trienio último se han contratado a 1.200.000 jóvenes en práctica y formación, que son los contratos que en la práctica se van a sustituir por el nuevo modelo. La vía del soborno a la patronal para crear empleo es absolutamente ineficaz. Aun con una ley que regale obreros, los grandes empresarios no se quedarían con todos.

No forma a los jóvenes. No hay ningún tipo de relación entre la formación adquirida y el puesto de trabajo. Tampoco inserta a los jóvenes. No tiene nada que ver con el antiguo aprendizaje que finalmente acababa en un empleo fijo.

Ahora, como máximo, a los 18 meses los jóvenes volverían a la calle con su oportunidad agotada. Actualmente existen 548.000 jóvenes parados menores de 25 años que han pasado por algún contrato de trabajo. Según la filosofía del Gobierno, deberían de haber seguido trabajando, pero la realidad indica lo contrario.

Es una ganga para la patronal. Si se suman las subvenciones, la exoneración de las cotizaciones sociales y las exenciones fiscales previstas por la ley, al empresario le sale gratis, o incluso puede ganar dinero neto.

En relación a lo anterior, es una invitación al despido de los trabajadors fijos, tanto adultos como jóvenes. A pesar de las supuestas garantías para evitar el llamado efecto sustitución, este proceso se ha venido registrando con gran fuerza en los últimos años con garantías similares. Es evidente que la sustitución de fijos por estos nuevos contratos no se puede producir en los puestos de trabajo de gran cualificación, pero sí en el resto de los empleos menos especializados.

Desahucia definitivamente a más de dos millones de parados de la posibilidad de encontrar un empleo: mayores de 25 años o menores de esta edad que tuvieron la desgracia de haber trabajado alguna vez durante más de tres meses. ¿Es que el Gobierno piensa jubilar a los ancianos mayores de 25 años que no tienen trabajo?

El Gobierno quiere llevar a esta sociedad a la disyuntiva de que sólo se puede crear empleo aceptando la precariedad y la sobreexplotación de los jóvenes. Es tanto como dar a elegir a una persona entre que la maten o la corten las dos piernas. La disyuntiva es falsa si existe la posibilidad de optar por la vida, o en este caso por el derecho a un empleo digno.

Más y mejor empleo

Y esa posibilidad existe. Los sindicatos tenemos alternativas que hemos querido negociar: el reparto del trabajo a través de la reducción de la jornada laboral a 35 horas para 1992, la jubilación progresiva hacia los 60 años, la eliminación de las horas extras y el pluriempleo; amplios programas de inversión pública que, a la vez que generan empleo, mejoran los servicios y el nivel de las infraestructuras; desarrollo de una política de reindustrialización; ley (como en Suecia) que actúe sobre los beneficios para dirigirlos a la inversión productiva; fomento del trabajo social; programas de contratación y formación en las empresas y administraciones públicas y en las privadas, con control sindical; conversión de los contratos temporales en fijos; emersión de la economía sumergida, etcétera. Éste no es el programa del soviet de Petrogrado, sino, sencillamente, medidas en las que podría verse reflejado cualquier neokeynesiano de izquierda.

Además, hay recursos:

- En 1987, el Estado tuvo un billón de pesetas de ingresos fiscales y cotizaciones sociales extras. Se destinó a reducir el déficit público, que es inferior en España en 1988 (3,3% del PIB) que la media de la CEE (4,1%).

- Se estima en dos billones el fraude fiscal. Hacienda podría controlar, si quisiera, a los 2.000 defraudadores de los seguros en prima única, que dejan de pagar 500.000 millones de pesetas. Lo de los famosos -que no está mal- es el chocolate del loro y es más una política de escaparate que de eficacia recaudatoria antifraude.

- Existe un elevado gasto militar: 1,1 billones anuales y una inversión prevista de 2,7 billones hasta 1993 (incluido piano).

- Se calcula en tres billones de pesetas al año las subvenciones y ayudas públicas que por diferentes vías y conceptos reciben o dejan de pagar las empresas.

Pero el Gobierno tiene otras prioridades: la reducción del déficit público y la lucha contra la inflación, y el aumento de los beneficios empresariales, que se han multiplicado por cuatro en los dos últimos años. Los trabajadores nada podemos esperar de una política económica al servicio del capital, cuyo inspirador (Boyer) se prepara para el asalto a la presidencia del mayor banco privado del país.

El Gobierno de la derecha del PSOE ha hecho una apuesta estratégica por la precarización y en favor de los intereses de la derecha económica. Quieren seguir gobernando a cualquier precio. Sólo desde la apertura a la derecha que ha realizado, se puede entender la crisis profunda de la derecha política. El plan de subempleo juvenil únicamente se explica como una medida electoralista.

Además, estos genios de la propaganda pretenden con ello ocultar su fracaso más rotundo: la existencia de tres millones de parados (con ligeras oscilaciones estacionales), y obtener beneficios electorales con la demagógica campaña hacia los padres de familia.

Creían que sería un paseo triunfal. Se han encontrado con un gran ¡basta ya! y la exigencia de una política favorable a la mayoría social, por parte de todos los sindicatos jóvenes, agricultores, actores, futbolistas, intelectuales, etcétera. Pero en vez de rectificar y cambiar, se empecinan y ensoberbecen.

Ante este panorama no nos queda más remedio que organizar una moviización general, con la única intención y esperanza de que aprendan a dialogar y a buscar la verdad, en términos de racionalidad histórica. Como dice el proverbio de Machado, poeta favorito del vicepresidente: "¿Tu verdad? No, la Verdad. / Y ven conmigo a buscarla. / La tuya guárdatela".