El aislamiento de Canarias

CANARIAS ES un territorio comunitario a todos los efectos; así está establecido en el Tratado de Adhesión de España a la CE. Pero el archipiélago dispone de un estatuto especial que le deja al margen de la columna vertebral de la Comunidad, constituida por la política agraria común, la unión aduanera y la aplicación del IVA. Como la fiscalidad es cosa seria en Europa, España se ve obligada a ingresar cada año en las arcas comunitarias la parte teórica de IVA correspondiente a Canarias, aunque este impuesto no exista en las islas.Esta situación peculiar fue decidida por los canarios, que prefirieron estar fuera para salvaguardar su régimen económico y fiscal y su economía de puerto franco. En la negociación para el ingreso de España en la CE primaron los intereses de los sectores importador y turístico -sin IVA pueden mantener una mayor competencia en la oferta de productos de consumo, hoteles y otros servicios- sobre los de la agricultura y la pesca. El Parlamento canario rechazó en febrero de 1983 la propuesta presentada por el entonces secretario de Estado, Manuel Marín, consistente en entrar en todas las políticas comunitarias, aunque con especificidades que mantuvieran la estructura económica peculiar de las islas. Los abanderados del aislamiento fueron precisamente los socialistas canarios, con Jerónimo Saavedra a la cabeza, entonces presidente del Ejecutivo autónomo.

El resultado ha sido que los canarios no tienen IVA, pero tampoco libertad total de comercio con la CE. Y también que sus productos agrarios, orientados preferentemente a la exportación, están sometidos a contingentes y aranceles que los sitúan en desventaja respecto a los de países como Israel o Marruecos. Contra esto protestan los canarios, que remiten la solución del problema a Madrid con argumentos que evocan el aislamiento y el olvido que tradicionalmente han sufrido los isleños por parte del poder central.

El Gobierno autónomo ha planteado a la CE revisar esta situación. El Gobierno central no se ha hecho eco oficialmente de la propuesta, a pesar de que un grupo especial de la Comisión Europea prepara para la próxima primavera un informe al respecto, con lo cual es probable que toque discutirlo durante la presidencia española de la CE. La posición última decidida el pasado mes de marzo por el Parlamento canario es que la opción de estar al margen. es correcta, pero han de ponerse fin a los agravios, algo así como seguir fuera de la Comunidad con todos los beneficios de estar dentro. El problema se envenena porque, con el ingreso, España asumió la obligación de suprimir los arbitros canarios, una figura fiscal atípica para la doctrina comunitaria.

El presidente del Gobierno autónomo canario, Fernando Fernández, del CDS, ha salido a la palestra para amenazar con suspender el desmantelamiento de los arbitrios y rearmarlos contra las importaciones procedentes del resto de la CE. El argumento es impecable: si nuestros productos, dice, tienen que soportar barreras para entrar en Europa, les impondremos a ellos lo mismo. Falta saber si esta declaración de represalias es algo más que un arma de presión para negociar y, si llegara a ejecutarse, cuál puede ser la reacción comunitaria.

Olvidan los canarios que la situación es fruto de lo que ellos mismos decidieron. El. Gobierno central, pillado entre dos fuegos, parece haber optado por el dontancredismo. Pero hay un último problema que nadie puede dejar de lado. Cuando España esté totalmente integrada en la unión aduanera de la CE, Canarias seguirá fuera. De esta forma, una parte del territorio nacional será, a efectos Comerciales, como un país tercero, lo cual puede chocar con el principio de igualdad entre todos los españoles proclamado por la Constitución.

La primera lección que conviene sacar del caso canario es la de que no se deben. permitir, sin calibrar bien las consecuencias, los establecimientos de estatutos especiales cuando son intereses nacionales, y no sólo los de una comunidad autónoma, los que entran en juego.