Comunidades supuestamente terapéuticas
Las cinco comunidades terapéuticas de Narconon incumplían claramente las normas mínimas previstas para este tipo de centros en el Plan Nacional sobre Drogas de junio de 1987, al carecer en muchos casos de medidas higiénicas suficientes y de profesionales capacitados para llevar a cabo las labores de desintoxicación y rehabilitación. A pesar de estas deficiencias, los centros supuestamente terapéuticos de Narconon que actualmente permanecen abiertos en Madrid, Andalucía y Castilla y León, no se encontraban en situación de ilegalidad, ya que el control y la decisión sobre la clausura de los centros de rehabilitación de toxicómanos dependen de las comunidades autónomas.Los responsables de algunas autonomías no han desarrollado aún el decreto de mínimos recomendado por la Administración central.
El presidente de Narconon en España, Santiago Vadillo, aseguró que su institución estaba dispuesta a someterse a las reestructuraciones necesarias para acatar los decretos de mínimos que se pudieran plantear en las comunidades autónomas. El testimonio de buenas intenciones, efectuado por el representante de Narconón en España contrasta, sin embargo, con la trayectoria y con los problemas originados en relación con algunos de estos centros y las órdenes de clausura expedidas en 1985 en Cataluña y en 1986 en Castellón.
Expediente
En marzo de 1987, el médico Agustín Salazar, titular de Vivanco de Mena (Burgos), localidad próxima a Cadagüa, donde Narconon tiene instalado un centro de tratamiento para toxicómanos, abrió un expediente contra estas instalaciones por falta de "condiciones higiénicas". Entre otras deficiencias, el médico señaló que el centro carecía de calefacción y que sus cocineros no tenían carné oficial. La Administraclón autónoma de Castilla y León otorgó un plazo de seis meses para que se suplieran las deficiencias. Pero la decisión definitiva sobre este centro se aplazó, de la misma manera que habían quedado archivadas otras medidas y denuncias sobre Narconon.
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