Nueve países firman un acuerdo para explotar los recursos minerales de la Antártida
Representantes de Brasil, Finlandia, Noruega, Suráfrica, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Suecia, la Unión Soviética y Uruguay firmaron ayer en WeIlington, capital de Nueva Zelanda, la convención para la explotación de los recursos minerales de la Antártida. Chile, Estados Unidos, el Reino Unido y Argentina están dispuestos a rubricar dicho convenio en breve.
España, que pasó a ser miembro consultivo del Tratado Antártico el 21 de septiembre de este año, no podrá firmar ese convenio hasta el 25 de noviembre de 1989, ya que no hubo ningún representante español en la última conferencia de Wellington, celebrada en junio, y por tanto, no se firmó el acta correspondiente.El responsable del departamento de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Exteriores, Antonio Oyarzábal, comentó a este periódico que ello no va a significar ningún contratiempo para España, porque el acuerdo no será efectivo hasta dentro de un año. La filosofía del convenio, según Oyarzábal, no es otra que contar con un instrumento que regule las actividades de exploración y explotación de los recursos antárticos.
"Este tratado", afirmó Oyarzábal, "tiene un alto valor ecológico, pese a la opinión contraria de Greenpeace, y pretende evitar que algunos desaprensivos cometan salvajismos en las exploraciones que se lleven a cabo en la Antártida. En cualquier caso, la explotación mineral es algo todavía de ficción científica. Las condiciones meteorológicas de la zona son muy adversas, y nadie ha hecho aún exploraciones significativas de los recursos minerales".
El ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Russell Marshall, manifestó ayer que esta convención no significa un redoble de campanas fúnebres para el medio ambiente de la Antártida", y que, en el caso de efectuarse actividades minerales, se harían teniendo en cuenta los patrones ambientales de la zona, informa Reuter. El diplomático neozelandés Chris Beeby, que ha dirigido las negociaciones de este tratado durante seis años, señaló que el mismo prohíbe la exploración y explotación de los recursos minerales antárticos "a menos que las instituciones emanadas de ese convenio lo autoricen".
