Por el interés común

EL PRESIDENTE Mitterrand ha reiterado a Felipe González la voluntad francesa de reforzar su colaboración en la lucha contra la organización terrorista ETA, que sigue utilizando el país vecino -aunque ahora sin las facilidades de antaño- como base de operaciones. La captura, por dos veces, de parte del rescate satisfecho por la familia Revilla en territorio francés ha vuelto a poner de manifiesto esa realidad.La colaboración de las autoridades galas ha propiciado golpes muy importantes contra las finanzas, infraestructura y personal de ETA en el sur de Francia, obligando a su dirección a entrar en la clandestinidad. Ello ha debilitado a los terroristas, que no disponen ya de la libertad de movimientos de que gozaron hasta fecha relativamente reciente. Pero sigue siendo cierto que la capacidad mortífera de ETA depende de manera decisiva de la posibilidad de mantener lejos del alcance de las fuerzas de seguridad españolas un santuario en el que planificar sus atentados y acoger a los activistas tras sus fechorías.

La colaboración antiterrorista, aunque desbloqueada en tiempos del Gobierno presidido por el socialista Fabius, no se mostró realmente eficaz sino con posterioridad al triunfo electoral del centro-derecha encabezado por Chirac. Ello se debió fundamentalmente a que, tras la oleada de atentados producida en, Francia en 1985, la lucha antiterrorista, incluyendo la colaboración internacional contra esta plaga, formaba parte fundamental del programa de los conservadores. No se trataba, por tanto, de una colaboración supeditada o condicionada por acuerdos en otros terrenos (económicos, por ejemplo), sino por intereses propios de la coalición gobernante. Los socialistas, entonces en la oposición, se mostraron reticentes con algunas de las medidas adoptadas por Chirac, y en particular con la política de entrega de activistas o ex activistas por el llamado procedimiento de urgencia.

El regreso de los socialistas al Gobierno francés hizo que aquellas reticencias se disolvieran, al menos en el terreno teórico. En el práctico, sin embargo, la cooperación antiterrorista ocupa un lugar muy secundario entre las prioridades de las fuerzas de seguridad francesas, lo que explica que la dirección de ETA haya podido seguir organizando atentados como el de esta semana en Madrid. Círculos influyentes del país vecino utilizan el argumento de que, siendo ETA un problema fundamentalmente político y sustancialmente planteado en España, correspondía al Gobierno de Madrid la responsabilidad de dar con las salidas políticas requeridas. Sin negar la parte de razón que, en términos generales, puede atribuirse al argumento, resulta poco solvente si descendemos al terreno concreto. Por una parte, la eficacia terrorista -y no sólo en el caso de ETA- depende en gran parte de la existencia de fronteras que permitan a los activistas ponerse a resguardo, lo que implica, como un principio general, una estrategia internacional para hacerle frente. Y por otra, en la situación actual de creciente aislamiento y debilidad política de ETA en el País Vasco, la captura de su cúpula dirigente sería condición necesaria para forzar a los terroristas a entrar en la vía del diálogo en los términos definidos por los partidos democráticos de Euskadi.

De ahí que asista la razón al Gobierno español cuando considera que la cooperación podría hacerse más eficaz, sin que resulte decente supeditarla a la adquisición o no de determinadas locomotoras. El funcionario francés que se permitió calificar de "gesto inamistoso" la mera posibilidad de que España no adquiriera el tren francés de alta velocidad -obligando al Ministerio galo de Asuntos Exteriores a una rectificación- demostró escasa perspicacia y ninguna sensibilidad democrática. Pero no menos insensato sería que, cegados por la ira provocada por el sangriento atentado del martes, los ciudadanos españoles recurrieran al viejo vicio nacional de otorgar a los vecinos del Norte la condición de chivo expiatorio de nuestras desgracias.