Urbanistas y oposición destacan la "alegría" socialista para crear figuras recaudatorias

Arquitectos, aparejadores y oposición han resaltado la alegría con que el equipo socialista del Ayuntamiento de Madrid se embarca "en la creación de nuevos conceptos y normas de dudosa legalidad, dirigidas a satisfacer sus ansias recaudatorias". "Prácticas extorsionistas" y "picaresca" son algunas expresiones utilizadas para designar la figura de la reparcelación económica del suelo, que ha sido declarada ilegal por una reciente sentencia. El Ayuntamiento, que recurrirá la sentencia al Supremo, se felicita porque el fallo, a su entender, reafirma la legalidad del Plan General de Urbanismo.

El equipo de Gobierno municipal, al aprobar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en 1985, creó una nueva figura recaudatoria, la reparce¡ación económica como instrumento para conseguir una parte de la plusvalía generada en la construcción de nuevas viviendas o locales en zonas ya urbanizadas. La Audiencia Territorial de Madrid ha sentenciado recientemente (véase EL PAÍS del miércoles) la ilegalidad de dicha tasa, lo que ha puesto en un brete al Ayuntamiento, que hasta ahora había recaudado por dicho concepto unos 2.000 millones de pesetas.Alianza Popular impugnó también ante los tribunales esta nueva figura urbanística. José María Alvarez del Manzano, portavoz de AP, manifestó que la sentencia de la Audiencia Teritorial ha venido a corroborar la postura de su grupo: "Lo paradójico es que el propio equipo de gobierno socialista no las debía tener todas consigo, como lo prueba el hecho que los 2.000 millones de pesetas recaudados por la contribución sobre la reparcelación económica no se hayan utilizado y permanezcan sin destino concreto. Nosotros nos opusimos porque entendimos que el cobro anticipado era una forma de extorsionar a los particulares, y también de encaracer el precio final de las viviendas, puesto que los promotores repercutían en los precios ese pago. Ahora habrá que estar al tanto para que los precios bajen en la proporción correspondiente". Álvarez del Manzano recordó que es práctica del equipo de gobierno municipal "empecinarse en el error" y puso como ejemplo el que se mantenga el cobro del canon del agua, cuando ya hay resoluciones que lo consideran no ajustado a derecho.

Buenas intenciones

Para el CDS, la intención del Ayuntamiento era buena, pero mal programada: Carlos Martínez, concejal centrista, afirmó: "El equipo de gobierno se permitió el lujo de crear un nuevo concepto que no estaba recogido en la Ley del Suelo, por el ansia municipal de recaudar fondos. Lo grave es que podían haberlo hecho bien. Teniendo mayoría en los tres niveles de la administración, podrían haber modificado la ley general para dar cobertura a la norma municipal. Ya les ha pasado lo mismo en otros asuntos de importancia, como fue el recargo del IRPF o el recargo en la contribución urbana".El presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid, Luis del Rey, declaró: "Ya presentamos una alegación en este sentido cuando se debatía el plan general. A nuestro juicio, era dudoso legalmente hipotecar laconcesión de una licencia d e construcción al pago de una cantidad. Dicha práctica siginifica obtener una plusvalía por una actuación urbana no iniciada por el Ayuntamiento".

José Antonio Otero, presidente del Consejo General de Colegios de Aparejadores, habló de picaresca municipal al analizar la práctica del equipo de gobierno de crear conceptos de legalidad dudosa, cuyo único fin parece ser el de recaudar dinero como sea. "Estamos de acuerdo con el objetivo del Ayuntamiento de dotar a la ciudad de equipamientos y recursos, pero eso no puede hacerse por cualquier medio. La sentencia me parece muy ¡niportante, aunque tampoco conviene magnificarla".

Ayer no fue posible hablar con los representantes de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ni con los de la Asociación de Empresarios de la Construcción (Aepcon). En cualquier caso, su postura de oposición al impuesto revolucionario es bien conocida. Han sido los propietarios del suelo quienes han puesto la mayoría de las denuncias contra la figura de la reparcelación económica.

El único que no pareció mostrarse preocupado fue el portavoz socialista, Luis Larroque: "El Ayuntamiento está estudiando los argumentos para recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Al margen de las cuestiones legales, es necesario que exista un clima de seguridad jurídica que beneficie a todos. Hay otros ayuntamientos que han puesto en práctica medidas semejantes. Pero, para el PSOE, lo importante es que la sentencia ratifica la legalidad del Plan General en su conjunto".