La alcaldía madrileña renuncia a alojar familias gitanas en Peñagande

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, tras dos semanas de protestas vecinales, reconoció ayer que no puede jurídicamente asentar a 20 familias gitanas en el terreno de Peñagrande que el municipio cedió en su día para la construcción de un equipamiento escolar. El socialista Luis Larroque, primer teniente de alcalde, indicó que, según el informe jurídico, las condiciones en que se produjo la expropiación del terreno para cederlo al Ministerio de Educación impide su ocupación, incluso de forma provisional, por lo que el traslado de las familias gitanas al mismo ya no se hará.Ello impedirá también realizar las obras para la ampliación del colector que pasa por la zona, por lo que las inundaciones sufridas otros años podrían repetirse este invierno. La demora, tanto del traslado como de las obras, durará unos cinco meses, hasta que el Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada pueda instalar de forma definitiva a estas familias y así liberar el suelo que ocupan para acometer la ampliación del colector.

Larroque calificó de "egoísta, salvaje e insolidaria" la actitud de algunos vecinos de Peñagrande que el mismo jueves volvieron a cortar la carretera de la Playa para protestar por el traslado. "Estas protestas han seguido, a pesar de que la junta del distrito acordó la semana pasada suspender provisionalmente cualquier actuación hasta que se tuviera el informe jurídico", dijo. "Si se vuelve a cortar la carretera voy a pedir la intervención de las fuerzas de seguridad", aseguró.

Larroque se refirió también al rechazo vecinal surgido en Moratalaz al haberse anunciado el realojamiento de gitanos en un gigantesco bloque de 460 viviendas que construye la Comunidad de Madrid junto a la M-30. El primer teniente de alcalde reconoció que el traslado de 400 familias procedentes del Pozo del Huevo a este bloque no responde a la política que sigue el Consorcio para el Reálojamiento de la Población Marginada, consisteñte en distribuir a dos o tres familias gitanas en cada nuevo bloque de viviendas, con una atención social paralela. "Comparto esa preocupación de los vecinos, aunque no por el tema de la seguridad, sino porque esa concentración no responde a una política de integración social".